Tras la gran entrada en Ceuta de personas huyendo de la monarquía dictatorial marroquí el pasado 30 de julio, son muchos los análisis que se han ido realizando. Se ha hablado de la evidente, aunque posiblemente mal calculada (el rey alauita ha quedado en entredicho en su propio país y en la escena internacional), colaboración del propio régimen marroquí; de la indecencia europea y española ante un drama que ha matado a más de 140 personas ante la indiferencia general; del servilismo de la UE y el Gobierno español (de nada le sirvió a Sánchez y Albares traicionar al pueblo saharaui para congraciarse con el caudillo marroquí) con una autocracia que depende económicamente de la UE para mantenerse en el poder; o de la coordinación de las extremas derechas mundiales y españolas para debilitar al gobierno de centro-izquierda dirigido por Pedro Sánchez.

Si bien, en la práctica, y al margen de los alaridos de cierta prensa ibérica, la cuestión ha sido resuelta con inusitada rapidez al enviar de vuelta a la enorme mayoría de inmigrantes (cosa diferente es el respeto, o la ausencia del mismo, a los trámites exigidos por la Ley y Reglamentos de Extranjería a la hora de expulsar personas extranjeras). El «no debate», típico de España, es si somos capaces de atender a 1.500 menores en un país de 50 millones de personas. Mal hacemos en entrar en estas provocaciones. Si un país no puede gestionar el cuidado de menos de 2.000 (o cuantos sean finalmente) niños y niñas, no es un país digno de ese nombre. Al racismo no se le combate hablando de moral, pues el racista carece de ella. Se ofrecen datos: España podía, y pudo, acoger a 350.000 ucranianas. Y puede acoger a 1.500 menores sin familia. Fin del «no debate».

Sin........

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