España y el liderazgo internacional en derechos humanos: entre los compromisos y las deudas pendientes
En un contexto de retroceso del derecho internacional y cuestionamiento de los mecanismos de protección de los derechos humanos, España aspira a desempeñar un papel relevante en la lucha contra la impunidad. Su política exterior feminista refuerza esa ambición, pero el reto consiste en traducir los compromisos internacionales en medidas concretas, también dentro de sus propias fronteras.
El próximo 31 de octubre se conmemorará el 26.º aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que en el año 2000 reconoció el papel fundamental de las mujeres en la prevención de conflictos, la construcción de la paz y la seguridad internacional. La efeméride llega en un contexto preocupante.
El 27 de octubre, el Consejo de Seguridad celebró su debate abierto anual sobre Mujeres, Paz y Seguridad, marcado por el deterioro de la protección de la población civil y los obstáculos que persisten para garantizar la participación de las mujeres en los procesos de paz, como bien adiverten las organizaciones de la sociedad civil en su carta abierta al Consejo.
Según el informe del Secretario General de la ONU publicado el 26 de octubre, más de 37.000 civiles murieron en conflictos durante el último año y las mujeres y las niñas representaron una de cada cuatro víctimas mortales, el doble de su proporción en 2021. Mientras el gasto militar alcanza cifras récord, escasean los recursos para las organizaciones locales que trabajan por los derechos de las mujeres y estas continúan excluidas de numerosas negociaciones.
Esta situación forma parte de una tendencia más amplia: el debilitamiento del multilateralismo, las dificultades para exigir responsabilidades por crímenes internacionales y la reacción organizada contra los avances en igualdad de género. Los estándares de derechos humanos mantienen su vigencia, pero su........
