"Les importa más el Mundial que las más de 133 mil personas desaparecidas. Son unos mañosos… Aquí estamos las familias a las que realmente nos está doliendo el país, porque se llevaron a una hija, un hijo, un esposo, una hermana. Así de mañoso es el Estado mexicano: que la sociedad civil sepa que hay 133 mil personas desaparecidas”, dice Jaqueline Palmeros, madre de Jael Montserrat Uribe Palmeros, en la reinstalación del Muro de la Memoria, que colectivos de búsqueda colocaron a un costado del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP) en la Ciudad de México.

A menos de 70 días de que comience la Copa del Mundo en territorio mexicano, el gobierno federal, bajo la presión de las familias buscadoras y organismos de derechos humanos, ofreció un informe que fue calificado de “intento de rasurar el padrón de personas desaparecidas y minimizar la tragedia humanitaria”. Las familias, señalaron en un comunicado colectivos, “somos quienes recorremos el país con la pala en la mano y manifestamos nuestra total indignación: No somos 43 mil, nos faltan más de 132 mil”.

El gobierno, advirtieron durante una protesta, “intenta reducir la crisis a menos de una tercera parte de su tamaño real”, lo que en los hechos representa una segunda desaparición, pues sólo están contabilizando a quienes tienen denuncia formal.

La indignación de las buscadoras frente al informe fue unánime, y han reiterado su advertencia de que incrementarán su visibilización durante el mes en que se juegan los partidos mundialistas en las tres sedes mexicanas (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey).

Unos días después de la reinaguración del estadio Azteca, el Comité de la Organización de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada concluyó que hay “indicios fundados” de que en el país se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad, afirmación que fue rechazada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México. Lo que es un hecho es que a estas alturas nadie puede negar la emergencia, la falta de transparencia y el hartazgo de miles de familias que se encuentran sin respuesta sobre el paradero de sus seres queridos.

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