La elección judicial no es una elección más. Representa la incorporación del voto popular a una función del Estado que, al mismo tiempo, debe conservar independencia, imparcialidad y solvencia técnica. Ahí reside tanto su complejidad como su relevancia democrática. 

La reforma judicial de 2024 modificó la relación histórica entre justicia y democracia: introdujo legitimidad de origen en una función tradicionalmente sustentada en la técnica jurídica, la carrera judicial y la autonomía frente a las mayorías políticas. 

Era previsible que un cambio de esa dimensión requeriría ajustes posteriores. Ninguna transformación institucional de gran calado nace terminada. La primera experiencia permitió identificar fortalezas, tensiones y áreas de oportunidad. La elección judicial de 2025 mostró que el modelo es viable, pero también que requiere perfeccionamientos para consolidar su funcionalidad operativa, su claridad pública y su integridad electoral. 

La iniciativa de reforma constitucional presentada recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum debe verse desde esa lógica: no como una ruptura con el modelo aprobado en 2024, sino como parte de su proceso de maduración institucional. 

Es más que claro que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no sustituye al Constituyente Permanente ni participa en la definición política de las reformas. Su responsabilidad es otra: actuar con........

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