El debate público en torno a la eutanasia de Noelia Castillo ha quedado rápida y convenientemente encauzado hacia una discusión previsible. Que si el Estado falló, los servicios sociales fueron negligentes o la sociedad no supo proteger al débil. Entre unos y otros, nadie proporcionó a la joven una «vida digna» que no le hiciera desear la muerte.

Al menos se ha hablado de «ejecución» con propiedad. Sin tratarse de un asunto penal, el caso reproduce —de forma perturbadora— algunos de sus rasgos formales: un procedimiento reglado, evaluaciones de expertos, validaciones administrativas y resoluciones judiciales en varias instancias, incluidos los tribunales europeos. Todo un aparato institucional que concluye que esa vida puede ser legal y legítimamente terminada. No estamos ante un fallo del sistema, sino ante su engranaje ordinario rodando. Funciona exactamente como ha sido diseñado. Lo inquietante no es la ausencia de garantías, sino su presencia.

La polémica articulada alrededor de la desprotección social y estatal que sufrió la chica catalana sigue los derroteros previstos. Tiene lugar en un marco que ya da por resuelto lo esencial: elimina el concepto de dignidad intrínseca del ser humano........

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