La cuestión de los asentamientos israelíes en Cisjordania ya no es simplemente un asunto objeto de condena europea, sino que ha comenzado, en septiembre de 2026, a transformarse, aunque de manera gradual, en un intento de influir en el entorno económico que permite su continuidad, mediante medidas dirigidas contra productos vinculados a los asentamientos. Esto revela un cambio en la pregunta europea, que pasa de ¿cómo rechazamos los asentamientos? a ¿cómo hacemos que su continuidad resulte más costosa?.

El 8 de septiembre, el Reino Unido y Francia, junto con Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal, Suecia y Canadá, anunciaron medidas coordinadas respecto de los productos procedentes de los asentamientos. La importancia de este paso radica en la incapacidad de los 27 Estados miembros de la Unión Europea para alcanzar una posición común, lo que llevó a algunas capitales a actuar, en un fenómeno que podría constituir el núcleo de un nuevo patrón europeo en el tratamiento de la cuestión de los asentamientos.

La importancia de estas medidas no reside únicamente en el volumen del comercio al que se dirigen, sino también en el precedente político y jurídico que podrían sentar. Si los asentamientos, de conformidad con el derecho internacional, son ilegales en los territorios palestinos ocupados, la continuidad de la actividad económica vinculada a ellos plantea una cuestión fundamental: ¿pueden las empresas, los inversores y los bancos tratar los asentamientos como un mercado normal, pese al marco jurídico en el que han surgido?

De ahí que la cuestión trascienda la restricción de determinados productos para convertirse en una prueba de la capacidad de Europa para redefinir la relación entre ocupación, asentamientos y economía, de manera que las medidas puedan incluir en el futuro la financiación, la inversión, los servicios, las infraestructuras y las empresas implicadas en la construcción o ampliación de los asentamientos. En ese momento, la presión no se dirigiría únicamente contra el producto final, sino contra la red de intereses económicos que hace posible la continuidad de la expansión de los asentamientos.

Sin embargo, la cuestión más importante reside en hasta qué punto estas medidas representan el inicio de una transición de la gestión de los asentamientos a su disuasión, y si seguirán teniendo un impacto limitado. El verdadero criterio no es el lenguaje de las declaraciones, sino la capacidad de las medidas para generar un coste creciente. Si el coste de los asentamientos sigue siendo inferior a los beneficios geográficos y estratégicos que obtiene el Gobierno israelí, las medidas actuales no serán suficientes para modificar su trayectoria.

Por consiguiente, las medidas adoptadas en septiembre de 2026 representan una prueba de la credibilidad de la política europea y occidental: ¿puede transformar su posición jurídica de rechazo a los asentamientos en un sistema económico y jurídico que haga que la expansión resulte más costosa? La respuesta determinará si este paso constituye simplemente una medida simbólica o el comienzo de una transición efectiva hacia la disuasión de los asentamientos y el cese de su expansión.

De sancionar al colono a atacar el sistema de asentamientos

Hasta hace poco, el enfoque europeo se había centrado en sancionar a las personas y grupos directamente implicados en la violencia de los colonos. En mayo de 2026, la Unión Europea impuso sanciones a cuatro entidades y tres personas vinculadas al movimiento de asentamientos, entre ellas el movimiento Nachala y su directora, Daniella Weiss, así como las organizaciones Regavim, Hashomer Yosh y Amana. Las sanciones incluyeron la congelación de activos, la prohibición de proporcionar recursos económicos y la prohibición de viajar para las personas afectadas.

A pesar de la importancia de este paso, este enfoque siguió dirigido contra actores específicos y no contra la estructura económica e institucional que hace posible la continuidad y expansión de los asentamientos. En cambio, la focalización en los productos vinculados a los asentamientos representa un paso hacia otro nivel: ejercer presión sobre el rendimiento económico que transforma el control de la tierra en valor comercial.

El problema no se refiere únicamente a quién comete la violencia, sino al sistema que proporciona a los asentamientos financiación, inversión, servicios, infraestructuras y mercados. Cuando se analiza desde una perspectiva económica y sobre el terreno, el sistema de asentamientos aparece como un entramado integral en el que el control de la tierra se entrelaza con las carreteras, las infraestructuras, los bancos, las empresas, los contratistas, la agricultura, la industria y los servicios, además de la protección política, jurídica y administrativa.

Desde esta perspectiva, dirigir las medidas contra productos y servicios difiere de las sanciones individuales. Una sanción individual puede aislar a un actor o congelar sus activos, pero no necesariamente interrumpe la actividad que desarrolla. En cambio, elevar el coste económico del proyecto de asentamientos afecta a la cadena de valor que conecta la tierra con la producción, la inversión, la comercialización y los beneficios, y dificulta que el control de la tierra se transforme en una actividad económica normal y rentable.

Aquí aparece la diferencia entre sancionar la conducta relacionada con los asentamientos y restringir la estructura de los asentamientos. En el primer caso, se actúa sobre las consecuencias del proyecto, como la violencia y las agresiones; en el segundo, se aborda más directamente sus fuentes de poder: la financiación, el comercio, la inversión, los servicios y las cadenas de suministro. Por ello, la eficacia de la política europea debería medirse por su capacidad para modificar la ecuación entre costes y beneficios, y no por el número de personas y organizaciones incluidas en las listas de sanciones.

Por consiguiente, la sanción más eficaz podría no ser aquella que se dirige contra el colono más extremista, sino aquella que haga que financiar, operar, invertir en el proyecto de asentamientos, comercializar sus productos y obtener beneficios de él resulte más costoso y arriesgado. Si Europa pasa de dirigirse contra los actores a actuar sobre las redes que les permiten operar, habrá pasado de reaccionar ante las violaciones a adoptar una política estructural dirigida contra la capacidad de los asentamientos para reproducirse económica e institucionalmente.

¿Por qué el proyecto E1 se ha convertido en un punto de inflexión?

Si existe un acontecimiento que explique el cambio relativo en la posición europea respecto de los asentamientos durante el verano de 2026, el proyecto E1 destaca como el principal punto de referencia. La cuestión ya no consiste simplemente en añadir unidades de asentamiento, sino que ha pasado a estar vinculada a una cuestión fundamental: ¿preservar la geografía necesaria para la creación de un Estado palestino territorialmente contiguo, o crear hechos sobre el terreno que hagan más difícil la solución de dos Estados?

El 23 de agosto de 2026, la Unión Europea advirtió de que la convocatoria de una licitación para construir más de 1.200 unidades en el marco de E1 perjudica de manera sustancial la posibilidad de aplicar la solución de dos Estados, señalando que podría dividir Cisjordania y aislar Jerusalén Oriental. Asimismo, reafirmó la ilegalidad de los asentamientos y pidió retirar la licitación, detener el proyecto y poner fin a los demás proyectos de expansión.

La importancia de E1 no reside en el número de unidades, sino en su ubicación estratégica entre Jerusalén y el asentamiento de Ma’ale Adumim. Cualquier expansión a gran escala en esta zona puede limitar la continuidad geográfica entre distintas partes de Cisjordania y profundizar la separación entre Jerusalén Oriental y Cisjordania, convirtiendo un proyecto urbanístico en una herramienta para reconfigurar la realidad geográfica y política.

Aquí reside la implicación más amplia: ¿cuándo pasa el asentamiento de ser una expansión reversible a convertirse en una realidad material difícil de desmantelar? Cada nueva carretera, infraestructura o bloque urbanístico pasa a formar parte de una realidad que posteriormente resulta difícil de modificar, limitando las opciones de cualquier futura solución política.

Por ello, algunas capitales europeas han comenzado a considerar E1 como una prueba para el futuro de la solución de dos Estados. La........

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