Cuando comenzaron a universalizarse los derechos democráticos, desde el lado conservador se inquietaron por la posible “incapacidad” de los nuevos ciudadanos incorporados al grupo de quienes opinan y deciden, a quienes se supone en plena disposición de juicio político. Apareció en concepto de “ciudadano competente”, [el que sabía hablar, escribir, y contar..] Este prejuicio atenta contra los derechos humanos porque se basa en un error: considerar que la competencia o incompetencia políticas es un asunto individual. Este elitismo considera que la competencia política es una propiedad de los individuos y que la sabiduría de los sistemas políticos sería la agregación de propiedades individuales. El valor de la democracia no se entiende cuando la atención se fija sobre propiedades de los individuos que intervienen en ella, se trata de una aristocracia peculiar.

Hay quien a firma que hoy el talón de Aquiles de nuestra democracia no son las instituciones o los políticos sino los ciudadanos. Creo que no es así: el principal problema que tenemos que abordar es la incapacidad del sistema político a la hora de abordar la creciente complejidad del mundo y hacerlo políticamente inteligible.

Para aumentar la competencia política de la ciudadanía en relación a la creciente complejidad no se trata de fortalecer las capacidades individuales sino aquellos aspectos de la organización social para incrementar las capacidades cooperativas. Nos ofrecen menos democracia porque todo está pervertido, menos control popular, menos delegación de confianza. Y nuestros jóvenes caen en la tentación de sumarse a la perversión totalitaria.

Hemos de aumentar las competencias políticas, desde el punto de vista individual mediante más formación política, pero especialmente en las capacidades colectivas, a través de cooperación y mediante sistemas de gobierno inteligentes [reducir la complejidad política mediante la formación individual es insuficiente]. La política es una acción social y sus problemas no tienen más que soluciones colectivas. Porque la democracia no es propiedad de los que ejercen la política como profesión, la política es una propiedad compartida y así la sociabilidad compensa las carencias individuales y permite la puesta en marcha de procesos de aprendizaje colectivos.

Hoy, después de 50 años de Constitución de la que se le han hecho agujeros interpretativos cabe decidir si es una democracia deliberativa y participativa en una reflexión cooperativa donde la identificación y defensa de los propios intereses se lleva a cabo discursivamente en un espacio público común igualitario e incluyente, o si debe seguir materializándose en despachos ocultos de las grandes corporaciones energéticas, bancarias etc. usurpando el verdadero sentido democrático de participación y cooperación.

La complejidad de las sociedades modernas no nos debe condenar necesariamente a una pérdida de autenticidad democrática en la medida que puede ser entendida como invitación a realizar experiencias de aprendizaje cooperativo que beneficien tanto a los actores como a lo que tenemos en común. En este sentido cabe decir que la democracia requiere competencia política como la competencia política requiere democracia.

Los movimientos sociales reivindicativos responden perfectamente a esta visión democrática participativa y competente que este análisis propone. Potenciar la participación es fortalecer la democracia, porque o es asunto de todos o unos pocos, apoyados por los medios de comunicación que dominan, pervertirán lo público en beneficio de sus supuestos privilegios.

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