Introducción: La nueva frontera de la represión política

En los últimos años, especialmente entre 2022 y 2026, el mundo occidental ha sido testigo de un fenómeno que trasciende el debate técnico-jurídico: la promoción de una nueva definición de antisemitismo por parte de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA — International Holocaust Remembrance Alliance). Nos encontramos ante una ofensiva política coordinada a escala internacional: un intento deliberado de convertir la solidaridad con el pueblo palestino en delito, y al mismo tiempo se restringen las libertades democráticas fundamentales en los mismos países que se presentan como «defensores de la democracia».

En Brasil, esta ofensiva ya tiene víctimas concretas. El obrero, dirigente sindical y también presidente del PSTU José Maria de Almeida, conocido como Zé Maria, quien tiene una condena de dos años de prisión por racismo, derivada de un discurso contra el Estado de Israel —una decisión que pone al descubierto el uso de la lucha contra el antisemitismo para criminalizar la solidaridad con Palestina.

Los llamamientos simultáneos a la legislación forman parte de un mismo movimiento político que busca imponer una equivalencia artificial entre el antisionismo y el antisemitismo, una forma real e históricamente documentada de racismo contra los judíos. Es una herramienta política con un doble objetivo deliberado. Es una herramienta política con un doble objetivo deliberado. En primer lugar, desarmar la lucha contra el genocidio del pueblo palestino, que gana popularidad cada día, y legitimar el proyecto sionista como «defensivo» y de «autodeterminación», y no como lo que es: colonial, racista y exterminador. [1] En segundo lugar, intimidar y, cuando sea necesario, criminalizar cualquier forma de oposición organizada a las políticas del Estado de Israel.

Las nuevas definiciones legales buscan crear las condiciones políticas e ideológicas para la continuidad —y la normalización— de la destrucción en Gaza y de la colonización completa del resto del territorio histórico de los palestinos. También establecen peligrosos precedentes para la represión de los movimientos sociales en general, allanando el camino para ataques más amplios contra los derechos democráticos. Se trata de cómo los Estados imperialistas —bajo el liderazgo de EE. UU. y de Alemania— están ensayando un nuevo régimen de control social en el siglo XXI, utilizando la lucha contra el antisemitismo como fachada para criminalizar la solidaridad internacionalista. Es una ofensiva de clase y de imperio. Y debe ser enfrentada como tal.

La ingeniería política detrás de la definición de la IHRA

En el centro de esta ofensiva se encuentra la llamada definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), adoptada en 2016 e incorporada progresivamente por decenas de gobiernos, universidades e instituciones públicas. A primera vista, su formulación parece genérica: define el antisemitismo como «una cierta percepción de los judíos que puede manifestarse como odio hacia ellos».[2] El problema no está en esta definición básica —ampliamente consensuada—, sino en los ejemplos que la acompañan.

Es en esos ejemplos donde se produce el giro político. Allí se establece, en la práctica, que:

– La cuestión del carácter del Estado de Israel puede considerarse antisemitismo.

– Comparar las políticas israelíes con regímenes históricos (como el apartheid sudafricano o incluso el nazismo) puede clasificarse como discurso de odio.

– Aplicar a Israel estándares críticos que no se aplican a otros Estados puede verse como discriminación.

En la práctica, esto desplaza el enfoque: de combatir el racismo contra los judíos a proteger a un Estado específico contra críticas políticas legítimas. [3] El propio Kenneth Stern, principal redactor de la definición de la IHRA y sionista autodeclarado, afirmó, en una entrevista con NPR en 2025, que la definición está siendo «absolutamente instrumentalizada» para suprimir el debate político, calificando su uso actual como «un ataque a la libertad académica y a la libertad de expresión».[4]

Estamos ante un instrumento de poder. Hasta enero de 2026, 47 países habían adoptado formalmente la definición de la IHRA. Hasta 2021, 37 países habían adoptado la definición; tras los acontecimientos de octubre de 2023, se produjo una nueva ofensiva, con un total de 97 nuevas adopciones, considerando todo tipo de entidades (incluidos gobiernos locales y universidades). Hoy, además de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, 26 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea reconocen legalmente esta definición, y varios países latinoamericanos y asiáticos alineados con el imperialismo estadounidense (Argentina, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Corea del Sur, Filipinas, etc.) también la han adoptado.

Estados Unidos: El laboratorio de la represión

En Estados Unidos, este proceso adopta una forma particularmente avanzada. Esto no es casualidad. El país funciona como un verdadero laboratorio de experimentación política. Hasta 2026, 39 estados estadounidenses adoptaron la definición de la IHRA en sus legislaciones o directrices administrativas. Missouri, por ejemplo, aprobó en abril de 2026 el proyecto de ley HB 2061, que exige que las escuelas y universidades incorporen la definición de la IHRA en sus códigos de conducta, tratando el antisemitismo como discriminación racial y estableciendo mecanismos de denuncia.

Las organizaciones de derechos civiles han denunciado el uso instrumental de la definición. El Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR) advirtió que la definición de la IHRA ha sido «utilizada repetidamente para silenciar la defensa contra el genocidio y a favor de los derechos humanos palestinos», y que cualquier intento de castigar a los estudiantes por criticar al gobierno israelí violaría la Primera Enmienda[4]. El propio Stern advirtió, en 2019, en un artículo para The Guardian, que codificar la definición en la ley «se utilizaría para suprimir el discurso político y perjudicar la libertad académica». [5]

Alemania: La infraestructura represiva consolidada

En Alemania, la situación es particularmente grave. El Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch documentó que las autoridades alemanas «socavaron la libertad de expresión, de reunión y de asociación, apuntando particularmente a las manifestaciones de solidaridad con Palestina». El Consejo de Europa expresó su preocupación por las restricciones a la libertad de reunión y de expresión relacionadas con la ofensiva israelí en Gaza, por el uso excesivo de la fuerza policial contra manifestantes en Berlín y por las restricciones a la libertad académica basadas en la «clasificación amplia de la crítica a Israel como antisemitismo».[6]

La represión se basa en el principio de Staatsräson, según el cual la seguridad de Israel constituye una razón de Estado. Se recurre a la memoria del Holocausto para desviar el enfoque de la protección contra el antisemitismo hacia la protección de un Estado específico contra las críticas políticas. Informes recurrentes indican la apertura de miles de procesos contra activistas, la cancelación de eventos culturales y la exclusión de artistas e intelectuales de los espacios públicos por sus posiciones políticas. En Austria, país de habla alemana con una estructura jurídica similar, el activista socialista internacional Michael Pröbsting enfrenta procesos basados en la interpretación extensiva de la definición de la IHRA.

Al mismo tiempo, decisiones judiciales recientes revelan tensiones internas en este modelo. En noviembre de 2025, un tribunal superior de Renania del Norte-Westfalia determinó que el Estado no puede prohibir, de manera general, los discursos que cuestionan el derecho a la existencia de Israel, reconociendo que tales posiciones están protegidas por la libertad de expresión. La decisión afirma que el análisis crítico de la fundación del Estado y la defensa de cambios pacíficos en las condiciones existentes son compatibles con el orden constitucional.

Francia: El proyecto de ley Yadan

En Francia, el mismo movimiento adopta una configuración jurídica distinta, desplazándose del ámbito de las directrices administrativas hacia el intento explícito de crear nuevos tipos penales. El llamado «Proyecto de Ley Yadan» —presentado en noviembre de 2024 y en discusión hasta abril de 2026— buscaba crear un nuevo delito: la «incitación pública a la destrucción de un Estado........

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