I. Introducción: orígenes e ideología del Frente Patriótico Manuel Rodríguez

El Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) surgió oficialmente el 14 de diciembre de 1983 como el aparato militar del Partido Comunista de Chile (PCCh) en el marco de la Política de Rebelión Popular de Masas (PRPM). Esta política había sido anunciada públicamente por el secretario general Luis Corvalán desde Moscú en septiembre de 1980, cuando afirmó que la rebelión popular contra la tiranía de Pinochet era legítima y que el pueblo debía recurrir a “todas las formas de combate”, incluida la “violencia aguda”, para defender su derecho al pan, a la libertad y a la democracia.

La creación del FPMR no fue un acto improvisado ni una ruptura abrupta con la tradición del comunismo chileno, sino el resultado de un proceso prolongado de debate interno, reorganización clandestina y preparación militar. Después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el PCCh pasó a la clandestinidad y sufrió golpes devastadores: la desaparición de sus primeras direcciones interiores (Víctor Díaz en 1976, Fernando Ortiz poco después). La estrategia inicial de “Frente Antifascista” —que buscaba alianzas amplias, incluso con la Democracia Cristiana— fracasó ante la intransigencia del régimen y la represión sistemática. Hacia 1980, en un contexto internacional marcado por el triunfo sandinista en Nicaragua (1979) y por el apoyo logístico y de formación de Cuba, la Unión Soviética, Bulgaria y Alemania Oriental, el PCCh concluyó que las vías puramente institucionales e institucionales-pacíficas eran insuficientes. Se hizo necesario complementar el trabajo de masas y de propaganda con una fuerza militar propia.

El 14 de diciembre de 1983, en una casa de la calle Pedro Donoso en Recoleta (Santiago), se constituyó formalmente el Frente. Ese mismo día se realizó su primera acción de impacto: un apagón que afectó a la zona central del país mediante el dinamitado de torres de alta tensión. El nombre elegido —Frente Patriótico Manuel Rodríguez— no fue casual. Invocaba deliberadamente a Manuel Rodríguez Erdoíza (1785-1818), el “Guerrillero del Pueblo” de la Independencia chilena, figura que simbolizaba la resistencia popular, la audacia, el patriotismo y la capacidad de combatir desde abajo contra un poder opresor. De este modo, el FPMR se insertaba en una genealogía nacional y popular, y no solo en la tradición marxista-leninista internacional.

Ideológicamente, el FPMR se definía como marxista-leninista. Su pensamiento se presentaba como la “aplicación creadora del marxismo-leninismo a la realidad chilena”, resumida en el concepto de “rodriguismo”. Este no era una ideología separada del marxismo, sino una síntesis que combinaba:

-La concepción clasista y revolucionaria de la historia propia del marxismo-leninismo.

-El rescate de tradiciones patrióticas y populares chilenas (Manuel Rodríguez, la resistencia mapuche de Arauco, las luchas del movimiento obrero).

-El antiimperialismo y la solidaridad internacionalista.

-Elementos de la Teología de la Liberación y del cristianismo revolucionario, que permitían presentar la lucha como una convergencia de marxistas y cristianos unidos por la causa de la “liberación simultánea del ser humano y de la sociedad”.

La Declaración de Principios Rodriguistas sintetiza esta identidad: el rodriguismo es revolucionario, unitario, democrático-revolucionario, antiimperialista, antioligárquico, anticapitalista y antiburgués. Su proyecto se caracteriza como “Socialista, Patriótico, Plurinacional y Popular”. Afirma que no es un movimiento violento por definición, sino un movimiento revolucionario que utiliza “todas las formas de lucha” que el pueblo se vaya dando según el desarrollo de la lucha de clases, el nivel de conciencia de las mayorías y la intensidad represiva del Estado.

En el corazón de esta ideología se encuentra una de las formulaciones más célebres de Karl Marx. En el tomo I de El Capital, al analizar la acumulación originaria, Marx escribe:

“La violencia es la partera de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas otra nueva. Ella misma es una potencia económica”. La frase, frecuentemente resumida como “la violencia es la partera de la historia”, expresa la idea de que los cambios históricos profundos —el paso de un modo de producción a otro— no ocurren de manera pacífica ni gradual cuando las clases dominantes se aferran al poder. La violencia revolucionaria aparece, en esta visión, como el instrumento que acelera el parto de lo nuevo y rompe las formas fosilizadas de lo viejo.

El FPMR asumió plenamente esta concepción. En sus documentos y en las declaraciones de sus militantes, la lucha armada no se presentaba como un capricho ideológico ni como un culto a la violencia, sino como la consecuencia lógica de una situación en la que el régimen había cerrado todas las vías institucionales y ejercía una violencia sistemática y unilateral contra el pueblo. La violencia del Frente se autodefinía como “contraviolencia”, como respuesta forzada a la agresión estatal, y como medio histórico necesario para abrir paso a una nueva sociedad. En palabras de documentos de la época: “Lo más civilizado hoy día es poner fin cuanto antes a la dictadura que es el origen de toda violencia; tras ese objetivo hay que emplear todas las modalidades de combate, incluidas aquellas que transitan por el camino de la violencia, camino que los chilenos no hemos buscado, sino que se nos impuso”.

Así, el FPMR nació como expresión concreta de una estrategia que combinaba trabajo de masas, propaganda, inteligencia y fuerza militar propia, bajo la dirección política del PCCh (al menos hasta la crisis interna de 1987). Su ideología conjugaba el determinismo histórico marxista —la convicción de que la violencia juega un papel necesario en el alumbramiento de lo nuevo— con una reivindicación patriótica y popular que buscaba enraizar la lucha armada en la historia de Chile. Esta síntesis, potente y contradictoria a la vez, constituye el punto de partida para comprender las justificaciones ético-jurídicas y filosóficas que el Frente elaboró para su actuación, así como las paradojas internas que atravesaron su pensamiento y su práctica.

II. Justificaciones jurídicas, éticas y filosóficas de la lucha armada y los atentados

2.1. Ilegitimidad de origen, violaciones sistemáticas de derechos humanos y quiebre del contrato social

La justificación central del Frente Patriótico Manuel Rodríguez parte de una doble premisa histórica y jurídica: la dictadura instaurada el 11 de septiembre de 1973 careció de legitimidad de origen y, además, ejerció el poder de manera sistemática violatoria de los derechos humanos fundamentales.

La legitimidad de origen se refiere al modo en que un gobierno accede al poder. El golpe militar rompió el orden constitucional de 1925, derrocó a un presidente elegido democráticamente e instauró un régimen de facto. La Constitución de 1980, aprobada en un plebiscito celebrado bajo estado de excepción, con partidos proscritos, censura de prensa y sin garantías efectivas de libertad de expresión y asociación, no logró —según esta línea argumentativa— sanar el vicio de origen. Incluso desde perspectivas jurídicas no marxistas se ha sostenido que un régimen nacido de la usurpación del poder constitucional no adquiere automáticamente legitimidad por el solo hecho de dictar una nueva carta fundamental bajo condiciones de coerción.

A la ilegitimidad de origen se suma la ilegitimidad de ejercicio. Los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig, 1991) y de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech, 2004 y 2005) documentaron de manera exhaustiva el carácter sistemático, planificado y orquestado desde el poder central de las violaciones: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas generalizadas, violaciones sexuales como método de interrogatorio, allanamientos masivos y privaciones arbitrarias de libertad. No se trataba de excesos aislados de agentes descontrolados, sino de una política de Estado orientada a eliminar, neutralizar y aterrorizar a la oposición.

Desde esta doble premisa se construye el argumento del quiebre del contrato social. En la tradición contractualista (Hobbes, Locke, Rousseau), el Estado existe para garantizar la seguridad, la vida y ciertos derechos básicos de los ciudadanos. Cuando el Estado se transforma en el principal agresor de esos derechos, la obligación de obediencia se disuelve. César Bunster, quien participó en la logística de la Operación Siglo XX (atentado contra Augusto Pinochet el 7 de septiembre de 1986), formuló esta idea con claridad en declaraciones posteriores: los ciudadanos fueron víctimas de “la intimidación masiva, los allanamientos, el encierro arbitrario y prolongado, la violación, las torturas, las desapariciones y la muerte”. Esa agresión, según Bunster, no respondió a ninguna provocación previa y generó, en su visión, el derecho a responder con violencia una vez agotadas las vías institucionales.

El hecho de que el FPMR se constituyera en diciembre de 1983 —más de diez años después del golpe— es argumentativamente relevante. No se trata de una reacción inmediata e irreflexiva de 1973, sino de una decisión tomada cuando, a juicio de sus fundadores, la oposición legal, las protestas de masas y los intentos de negociación habían demostrado su insuficiencia frente a la capacidad represiva y la intransigencia del régimen. La temporalidad sirve, en el discurso frentista, para presentar la........

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