De las aulas a la huelga general: construir una alternativa obrera y socialista
En octubre de 2026, las huelgas y movilizaciones han vuelto a poner la educación en el centro del debate. Para conversar sobre las demandas que impulsan estas luchas y su vínculo con la crisis de la vivienda y la huelga general del 11 de noviembre (11N), hablamos con Paola, profesora de Ciencias Sociales en el INS Polinyà de Barcelona, afiliada a la CGT y militante de Corriente Roja, y con Mariajo, profesora de Física y Química en el IES Universidad Laboral de Málaga, delegada de la CGT, activista del movimiento por la vivienda y contra la precariedad laboral, y militante revolucionaria sin partido. Desde sus experiencias en Barcelona y Málaga, reflexionamos también sobre qué alternativa política puede fortalecer estas luchas y abrir una salida socialista.
En octubre se han convocado varias huelgas y movilizaciones en el ámbito educativo. ¿Qué demandas concretas las han impulsado y qué malestar de fondo expresan entre las trabajadoras del sector? ¿Cómo están preparando las centrales sindicales las huelgas?
P: El malestar acumulado en el sector educativo se sustenta en condiciones laborales que han ido empeorando año tras año, sumadas a los recortes y a la degradación de los servicios públicos, lo que ha gestado una crisis educativa de grandes proporciones. Por ello no es de extrañar que las principales reivindicaciones del sector educativo sean muy parecidas en todas las Comunidades Autónomas: El problema de las ratios, que masifican las aulas e impiden ofrecer una atención de calidad al alumnado, la falta de recursos e infraestructuras derivada de la infrafinanciación, que precariza las condiciones de trabajo y estudio, la falta de personal y la externalización de un sector de trabajadores/as educativos/as, los salarios congelados y la burocracia asfixiante, consecuencia de la falta de democracia en los centros educativos. Además, en los últimos años, el profesorado catalán ha tenido que tragar con el control burocrático de los centros educativos a través del Decreto de plantillas y direcciones, que permite a los equipos directivos elegir a dedo a una parte de su plantilla; la privatización encubierta de la educación; la financiación de la escuela concertada; o la división de las trabajadoras en diferentes categorías con condiciones laborales distintas. Toda esta situación de emergencia educativa ha terminado por estallar, pues ningún gobierno, autonómico o estatal, ha tomado cartas en el asunto para imponer medidas estructurales que logren atajar la situación.
En Catalunya hemos vivido un proceso de autoorganización muy rico, sin precedentes desde la Transición española. Después de la primera jornada de huelga, el 11 de febrero de 2026, empezaron a extenderse por muchos centros las asambleas de profesorado, coordinadas a escala comarcal y catalana por la Asamblea Educativa de Catalunya (AEC). Estas asambleas permitieron que más trabajadores/as se implicaran y que los sindicatos se coordinaran en torno a las decisiones del conjunto. También unieron a sectores educativos que la administración y las mesas de negociación mantienen separados. En su momento más álgido, las asambleas hicieron frente al intento de CCOO y UGT de cerrar el conflicto mediante una negociación a puerta cerrada y un acuerdo de mínimos, que fue rechazado masivamente por el profesorado. Algunos medios las llamaron “contrapoder”, lo que explica el intento de impulsar un plan piloto para incorporar agentes de los Mossos d’Esquadra en los centros educativos y la infiltración de policías en las asambleas para tratar de controlar y contener la lucha.
Hasta ahora, asambleas y sindicatos han actuado de forma coordinada para promover la hoja de ruta de las movilizaciones y huelgas, aunque no sin diferencias entre las centrales sindicales que se han expresado, por ejemplo, en las negociaciones que han acabado con la firma de dos acuerdos, uno en marzo y otro en junio, con el Departamento de Educación, rechazados masivamente por la mayoría del profesorado.
Ahora los sindicatos que actúan en el ámbito educativo están llamando a los/las trabajadores/as de la educación a la huelga general el día 11 de noviembre, así como la Asamblea Educativa de Catalunya, en su último encuentro el 24 de octubre, hizo un llamamiento a participar en la huelga general del 11N y a coordinar las asambleas de los centros con los comités de huelga de los barrios para conectar las diferentes luchas. Además, la AEC junto con otros sindicatos, han convocado una gran manifestación de toda la comunidad educativa el día 21 de noviembre y una jornada de huelga del sector educativo el 26 de noviembre, en plena campaña electoral, para seguir avivando la chispa del conflicto que permita abrir un nuevo ciclo de movilizaciones durante el segundo trimestre del curso.
M: La situación en Andalucía parte de las mismas problemáticas que ya ha comentado la compañera de Catalunya.
Por un lado, las altas ratios: hasta 28 alumnos/as en educación infantil y primaria; 33 en educación secundaria; y 38 en Bachillerato. Estas ratios son el resultado de haber suprimido plazas en la escuela pública, favoreciendo el crecimiento de la escuela privada y concertada (privada subvencionada con fondos públicos, en su mayor parte propiedad de la Iglesia católica), y de haber concentrado al alumnado restante para mantener la plantilla docente lo más mínima posible. Es un proceso que ya estaba en marcha cuando gobernaba el PSOE, pero que se ha acelerado enormemente durante las últimas dos legislaturas de la derecha. Se trata de degradar los servicios públicos, desinvirtiendo fondos públicos destinados a la educación y transfiriéndolos a la escuela concertada, para facilitar el trasvase de alumnado de la escuela pública a la privada y a la concertada, reduciendo así el volumen de la pública.
El recorte continuo en docentes se traduce en una falta de recursos para el alumnado con necesidades educativas especiales, fundamentalmente de profesorado especializado en Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, la falta de Personal Técnico de Integración Social, de intérpretes de lengua de signos, de orientadores/as y de todo el personal que refuerza el aprendizaje de este alumnado en las aulas y su autonomía dentro y fuera de las mismas.
Los centros educativos funcionan con el mínimo personal, no sólo docente. Faltan ordenanzas, administrativos, técnicos/as de mantenimiento… Las infraestructuras están en un estado lamentable: muchas no cumplen con los planes de prevención, no pasan las inspecciones de edificios, se caen muros y techos, hay goteras, hay aulas prefabricadas, no hay climatización, por poner algunos ejemplos.
Esta situación conduce a condiciones de trabajo cada vez más estresantes en la educación pública. Las políticas que estamos denunciando, además de precarizar nuestro trabajo, atacan los derechos de los/as niños/as favoreciendo su desatención y ralentizando su desarrollo. Y los y las docentes nos vemos sobrepasados y eso se traduce en un aumento del estrés, de las depresiones y del resto de enfermedades asociadas a estas.
A esta frustración derivada de las altas ratios y bajo personal, se suma a la pérdida de poder adquisitivo que hemos sufrido, al igual que la mayoría de sectores, pues el incremento de los salarios ha sido irrisorio, mientras los precios se han disparado. También, el aumento en la burocracia, que multiplica las tareas de un docente en funciones administrativas, de papeleo, no contribuyen a la función docente e incluso la empeoran, ya que restan tiempo para preparar clases, actividades…
Pero todos estos problemas no fueron suficientes para que los/as docentes en Andalucía se propusieran ir a la huelga, hizo falta el detonante: las huelgas de los/as compañeros/as en Catalunya y Valencia del curso pasado. Su lucha demostró a muchos/as docentes en Andalucía que la organización, la movilización y, en concreto, la huelga sostenida en el tiempo, podían arrancar victorias para los/as docentes.
A partir de ahí, el movimiento educativo se organizó en varias asambleas andaluzas, en las que participaron sindicatos, organizaciones estudiantiles, sociales y políticas, asociaciones de madres y padres, así como personas que nunca antes habían participado en el movimiento educativo. La necesidad de la convocatoria de huelga ya estaba sobre la mesa por parte de todas estas organizaciones desde hace tiempo y la ilusión generada por las huelgas en Catalunya y Valencia, así como el hecho de que en Madrid se hubiera convocado huelga para el inicio de curso, impulsaron la convocatoria de huelga educativa en Andalucía, que se concretó para el 11 de noviembre, fecha que finalmente se ha convertido en huelga general de todos los sectores de trabajadores/as.
El papel que han jugado las direcciones de CCOO y UGT ha sido el de casi siempre: no sumarse a la convocatoria de huelga que le reclamaba el movimiento educativo, salvo a partir de la convocatoria de huelga general a nivel estatal para el 11N. Están completamente al margen de las coordinaciones del movimiento educativo, que es el convocante de la huelga y las movilizaciones educativas.
La crisis de la vivienda también está llevando a mucha........
