Por Víctor Martínez Morillo

A finales del mes pasado conocíamos que Sabino Herrero, exdirector provincial de Educación de Palencia durante los últimos 13 años (hasta su jubilación el año pasado), se encontraba inmerso en un proceso judicial en el cual se le imputaba acoso sexual y laboral contra una docente y directora de la educación pública.

Pese a que el procedimiento judicial comenzó en 2021 y en un primer momento fue sobreseído por el tribunal de instrucción, la propia Audiencia Provincial —es decir, el máximo tribunal de justicia de Palencia— ordenó su reapertura ante la gravedad de los hechos y la viabilidad de algunas de las pruebas adjuntas.

Un caso que deja muy clara la protección institucional que existe desde la propia administración de la Junta de Castilla y León (liderada a nivel educativo por Rocío Lucas, actual consejera) hasta una judicatura podrida hasta las entrañas. ¿Por qué la justicia ha esperado más de 5 años para reabrir un proceso en el que, desde un inicio, existían pruebas fehacientes? ¿Ningún medio de comunicación tenía constancia de este proceso? Son sin duda muchas de las preguntas que nos hacemos a día de hoy ante la gravedad de los hechos.

Corrupción y trapicheos como marca de la casa

Castilla y León lleva inmersa en más de 40 años de gobierno del Partido Popular, un gobierno marcado por escándalos como el de la trama eólica, dictaminado hasta la actualidad como el mayor caso de corrupción de la historia de Castilla y León. Una corrupción sistemática e institucionalizada por parte de una Junta que, a la vez que habla en campaña de defender los servicios públicos, coloca en altos cargos de la gerencia sanitaria de hospitales en Soria a corruptos confesos, como ha sido el caso de los dos altos cargos sanitarios sorianos detenidos por delitos de prevaricación y adjudicación de contratos públicos a dedo.

Mientras todo esto salía a la luz, también hemos conocido una noticia realmente espeluznante: un tribunal de Palencia ha fallado a favor de un recurso presentado por la exdirectora de un centro de estudios, tras haber impedido desde la administración provincial su renovación como directora. Según la resolución del propio juicio, el tribunal califica de «esperpento administrativo» las resoluciones y las irregularidades en las que se ha visto inmerso este proceso.

Un sistema que tiene muy claro a quien proteger

Nada es casualidad, y este caso lo vuelve a demostrar cuando también hemos conocido que la denunciante —es decir, la exdirectora del centro— era la misma persona que años antes había denunciado al entonces director provincial de Educación de Palencia por acoso sexual y laboral.

Es la primera vez que un proceso de renovación de junta directiva de un centro de estudios se paraliza desde las propias instituciones en más de 15 años. Pero, para contradecir un poco la resolución judicial, esto no es un esperpento administrativo: es un intento de amordazar a las víctimas y demostrar la protección sistemática y estructural que ofrece la Junta de Castilla y León a todo aquel que le es fiel hasta el final.

En la actualidad, el proceso por acoso sexual y laboral contra el exdirector provincial de Educación de Palencia sigue abierto. Sin embargo, las conclusiones son cristalinas: el alto cargo de Educación de Palencia ha hecho uso de su poder para meter mano en procedimientos y dejar claro quién lleva la batuta dentro del sistema.

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