El movimiento de vivienda ante su Rubicón
“Estos días estamos acampadas en Sol no solo por la defensa del derecho a la vivienda, sino por la creación desde los márgenes de una sociedad no basada en la propiedad privada. Los Centros Sociales Okupados están en la diana de este sistema neoliberal, ya que atacan sus propias bases, la propiedad privada entendida como una forma de acumulación de capital”
«El mercado inmobiliario de ninguna manera es un mecanismo infalible, o siquiera inteligente, que conduzca bajo la dirección de alguna mano invisible a ciudades perfectas y equilibradas. Más bien, es un lugar de combate en el que se enfrentan sujetos de muy distinta naturaleza y en el que se impone el más fuerte. El resultado se aleja por tanto de esa Arcadia ideal y se aproxima más al terrenal -por no decir infernal- campo de batalla que constituyen las ciudades capitalistas”
La indignación social frente al drama que supone para las clases populares el acceso a la vivienda ha estallado una vez más. Si bien el levantamiento quincemayista de 2011 no estaba centrado solo en la cuestión de la vivienda, ya que apuntaba hacia un cuestionamiento global -”lo llaman democracia y no lo es”, era uno de sus eslóganes más coreados- del sistema político-económico, su detonante directo fueron las devastadoras consecuencias de la explosión de la burbuja inmobiliaria de 2008.
Como siempre que se produce una erupción social espontánea, como la que estamos presenciando en los espacios “liberados” de las acampadas, la pregunta pertinente no sería inquerir acerca de las causas que la han provocado, que están meridianamente claras, sino más bien, ¿por qué una revuelta popular de esta intensidad no ocurrió antes? Y es que motivos para un levantamiento de amplias capas de las clases populares, asoladas por el colapso del acceso a la ansiada “seguridad residencial”, no faltaban en absoluto. En el ciclo actual, de presunto “crecimiento” de la economía española, los niveles prohibitivos de los precios inmobiliarios, principalmente de alquiler, impactan de lleno sobre las capas más desvalidas de la inhóspita sociedad neoliberal: jóvenes sin expectativa de heredar; trabajadores condenados a la eterna precariedad; migrantes víctimas de racismo inmobiliario; jubilados con pensiones ínfimas; familias monomarentales o hipotecados insolventes en riesgo de desahucio; todos ellos se ven abocados a la exclusión social causada por la aguda crisis de asequibilidad residencial. Y sus efectos son dramáticos: las cifras de sinhogarismo se han disparado en los últimos años en las grandes ciudades y los asentamientos de tiendas o chabolas proliferan como setas en el corazón de la ciudad-mercancía. Por no mencionar el inframundo del alquiler de habitaciones, bajos sin cédula de habitabilidad e incluso trasteros, caravanas y demás refugios de supervivencia donde se agolpan los excluidos del disfrute de los dones de la sociedad opulenta.
Como resume ácidamente el exportavoz del Sindicato de Inquilinas de Barcelona Jaime Palomera: “De seguir así, el futuro será que una persona de 40 años con trabajo estable se vea abocada a alquilar una habitación”.
¿Qué decir de la “salud” de una sociedad en la que únicamente el 15% de los menores de 30 años están emancipados -y una gran parte lo logran solo gracias a la ayuda familiar-?
Nos hallamos pues ante un espacio social “agonístico”, fracturado entre dos grupos antagónicos. Por un lado, la “España de propietarios”: unos 13 millones de hogares propietarios de una sola vivienda -de los cuales 8 tienen la hipoteca pagada-, junto con 4 millones más que son propietarios de 2 o más viviendas, incluyendo a los 2 millones largos de rentistas, la gran mayoría con una sola vivienda alquilada. Y en el otro extremo del arco social, un océano de precariedad en el que pugnan por subsistir los hipotecados “problemáticos”, con dificultades para afrontar las letras mensuales; los inquilinos atrapados de por vida en la “trampa del alquiler” y en el nomadismo habitacional; la mayor parte de la juventud, excluida del préstamo hipotecario y del acceso a un alquiler estable; y, last but not least, la inmensa mayoría de las personas migrantes, condenadas a la infravivienda, el submundo de las habitaciones y el hacinamiento.
El punto de ignición estaba pues listo para la detonación. Y la imagen despiadada del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años expulsada manu militari de la vivienda madrileña donde había residido nada menos que 70 años, fue la chispa que prendió la mecha del estallido de la indignación social largamente contenida. El martirio de Maricarmen, fallecida dos semanas después del desahucio en el hospital donde llevaba ingresada desde entonces, debido al estrés y al agotamiento de siete años de lucha contra la violencia inmobiliaria, sirvió pues de espoleta moral para el despertar de la ira popular. El hecho macabro de que el día de su fallecimiento estuviera prevista la firma de un nuevo contrato de alquiler con la misma empresa que la sometió al viacrucis, no deja de ser un trágico colofón de una potencia simbólica extraordinaria. No resulta en absoluto aventurado suponer que el enorme escándalo y el consiguiente riesgo “reputacional”, provocados por la imagen grotesca de Maricarmen abandonando su casa de toda la vida en camilla camino del hospital y rodeada de antidisturbios, tuvieran algo que ver con la “generosa” decisión tomada in extremis por la empresa propietaria.
Sin embargo, el acerbo panorama esbozado encierra una aparente paradoja: las crecientes tasas de exclusión residencial conviven con las muy boyantes cifras macroeconómicas de crecimiento y de creación de empleo de la economía de la piel de toro:
“El INE confirma que la economía española creció un 2,8% en 2025, el doble que la zona euro”. La espectacular noticia coincidía con otra información en torno a un porcentaje menos halagüeño: en su informe anual sobre el Estado de la Pobreza de 2025, la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza en España (EAPN-ES) alertó de que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social era del 25,7%. Y uno de los factores que más empujan hacia ese abismo es un precio del alquiler inasumible”. A pesar pues del espejismo de crecimiento, basado principalmente en la recurrente hipertrofia de los tradicionales motores de la terciarizada y turistificada economía española, la sima social se vuelve cada vez más profunda.
Del polarizado escenario someramente esbozado -que podría además saltar por los aires ante cualquier nubarrón que quiebre el espejismo de bienestar vigente- se deduce una constatación de enorme relevancia para la conformación de los antagonismos sociales que pugnen por contener el embate desatado por la apisonadora capitalista contra los pilares de la subsistencia cotidiana. Cuando la agresión de la acumulación de capital -en declive inexorable desde hace medio siglo- impacta contra los ámbitos esenciales de la reproducción social, con la vivienda en lugar destacado, las luchas populares contra la violencia inmobiliaria y urbanística devienen el fulcro principal de las resistencias que brotan por doquier frente a la devastación rampante.
El geógrafo Agustín Cócola Gant reproduce la premonitoria posición del filósofo Henri Lefebvre, probablemente el más influyente teórico del fenómeno urbano moderno, acerca del desplazamiento del terreno de la lucha de clases de la “fábrica” al “territorio”:
“Lefebvre sostenía que hoy, más que nunca, la lucha de clases se encuentra inscrita en el espacio. Anticipaba, además, que si la explotación capitalista para obtener plusvalías se iba a centrar en la especulación inmobiliaria, el futuro de la lucha de clases se reflejaría en la defensa del territorio, ya fuera el monte, la ladera o el espacio vivido del barrio, en donde la defensa del valor de uso se levantaría ante el avance de la acumulación y el ansia de beneficios”.
Las nuevas formas de la lucha de clases, enfocadas en la defensa del “valor de uso” de los bienes básicos, de los cuales nadie puede prescindir sin caer en el más absoluto ostracismo social, demandaban por tanto cambios radicales en las formas de organización de las clases populares frente a la feroz acometida de los amos del poder y del dinero.
Las dos “almas” del movimiento de vivienda
“El anhelo de tener una vivienda propia es muy respetable y entonces en un modelo ideal de vivienda debería existir un fuerte parque de vivienda social, un parque importante de alquiler regulado como hay en otros países, un parque de cooperativismo y cesión de uso y podría haber también pequeña propiedad. No hay que confundir la pequeña propiedad con la gran propiedad de la especulación con la vivienda”
Tales son las peliagudas cuestiones que tienen que afrontar las organizaciones surgidas en los últimos años -sobre todo a partir de la fundación de los Sindicatos de Inquilinas en 2017-, herederas en buena medida de la experiencia de la PAH, para organizar la defensa de las innumerables víctimas de la violenta “crisis habitacional”, que además no deja de agravarse un año tras otro. Su aparición ha servido asimismo para visibilizar la tragedia social que estaba suponiendo la estratosférica subida del alquiler -la vía de recuperación del sector inmobiliario español tras el colapso hipotecario de 2008- y para empoderar a sus víctimas, mediante el desarrollo de innovadoras estrategias de lucha contra el desaforado extractivismo imperante en el sector inmobiliario. Los procesos de “negociación por bloques” con propietarios de edificios enteros, generalmente fondos buitre, grandes bancos o la SAREB, con el objetivo de evitar la expulsión “silenciosa” de los vecinos, buscando soluciones conjuntas en pos de lograr la renovación de los contratos de alquiler sin subidas desorbitadas; y el recurso a la huelga de alquileres, como vía de presión y acto de desobediencia colectiva para combatir las cláusulas abusivas y la unilateral rescisión contractual por parte de la propiedad, constituyen sus principales estrategias de acción sindical en defensa de los desvalidos arrendatarios. Y resulta también muy importante el éxito obtenido -a costa de arrostrar la dureza de la represión jurídico-policial, con la imposición de gravosas multas al amparo de la infame Ley Mordaza- en la detención de algunos procesos de expulsión masiva de inquilinos y en la paralización de múltiples desahucios, atajados gracias a la presión sindical y al coraje de los colectivos de vecinos, que en algunos casos han logrado arrancar al fondo buitre de turno alquileres asequibles y contratos estables.
Sin embargo, el análisis de la situación actual del movimiento, justo en el momento de producirse la revuelta de las acampadas, no deja de producir una cierta desazón. Más allá de las mencionadas y muy loables prácticas de las luchas cotidianas por la defensa de las víctimas de la violencia inmobiliaria, los planteamientos de las organizaciones sindicales de vivienda adolecen de errores en el diagnóstico de la situación actual, en el marco teórico utilizado para interpretarla y en las estrategias planteadas para alcanzar transformaciones de calado en el endemoniado «asunto» del acceso a la vivienda. La principal fractura ideológica dentro del movimiento, entre los Sindicatos de Inquilinas y los Sindicatos de Vivienda Socialistas, creados a partir de........
