Sala de vistas del Juzgado de Gandia, en una imagen de archivo. / Miguel Pérez

Dos encuestas publicadas en los últimos días, elaboradas por el CIS y por 40 dB, coinciden en un dato que debería preocuparnos. Una amplia mayoría de los españoles considera que la justicia no actúa con la imparcialidad que cabría esperar de una de las instituciones fundamentales del Estado democrático. Evidentemente, las encuestas no sustituyen a los hechos, pero sí revelan un estado de opinión que ninguna democracia puede permitirse ignorar. La confianza ciudadana constituye el principal patrimonio de las instituciones y, cuando comienza a erosionarse, conviene preguntarse por sus causas.

La respuesta suele buscarse en la actualidad política. Los ciudadanos asisten con frecuencia a resoluciones judiciales controvertidas, nombramientos difíciles de comprender, bloqueos institucionales entre los dos grandes partidos o enfrentamientos de bajo nivel entre el Gobierno y la oposición. Todo ello forma parte del debate público. Sin embargo, las instituciones tienen una historia mucho más larga que la actualidad. También la justicia tiene historia y sin esa perspectiva resulta difícil comprender algunos de los problemas que hoy perciben los ciudadanos.

La independencia judicial nació con el Estado liberal como una garantía frente a la concentración del poder. La separación de poderes formulada por........

© Información