Huelga educativa: más de 10.000 profesores estallan contra la masificación de las aulas y la falta de manos en Alicante

Huelga educativa: más de 10.000 profesores estallan contra la masificación de las aulas y la falta de manos en Alicante / Jose Navarro

Ya no puedo más. La desesperación comienza a eclipsar a la vocación, y cuando eso ocurre en profesiones que deberían sostener los pilares de una sociedad, el problema deja de ser individual para convertirse en estructural. No pretendan comprenderlo quienes jamás han sentido que su trabajo es algo más que una rutina mecánica, ni quienes no han experimentado esa pulsión casi irracional de seguir pensando en su labor incluso fuera del horario laboral. Porque quien ama su profesión no entiende de límites horarios, de desvelos ni de esfuerzos no retribuidos; entiende de compromiso. Sin embargo, este altruismo crónico —casi patológico— ha terminado por metastatizar en sectores clave como la sanidad y la educación, erosionando lentamente a quienes los sostienen.

Habla aquí una docente cuya vocación, cultivada desde la infancia, se ha visto progresivamente debilitada por una sociedad en la que los valores educativos parecen haber sido subordinados a intereses políticos coyunturales. La docencia se ha transformado, de forma silenciosa pero constante, en una profesión de riesgo; y no precisamente por factores físicos anecdóticos, sino por un deterioro del respeto institucional y social. Las recientes propuestas educativas impulsadas en la Comunidad Valenciana causadas por el chantaje de una huelga permanente pueden interpretarse como un tímido avance, pero distan mucho de constituir la reforma profunda que un sistema educativo coherente y equitativo requiere.

Uno de los agravios más evidentes es la brecha salarial entre comunidades autónomas. Según datos comparativos de retribuciones docentes en España, un profesor en la Comunidad Valenciana puede percibir, de media, entre 300 y 500 euros mensuales menos que un homólogo en el País Vasco o Navarra, pese a desempeñar funciones equivalentes en carga lectiva y responsabilidad. Esta desigualdad no solo resulta difícil de justificar desde un punto de vista de equidad territorial, sino que además desincentiva la permanencia del profesorado en regiones donde, paradójicamente, muchos desean trabajar por arraigo personal y familiar.

Otro de los grandes desafíos —el elefante en la habitación— es la ratio en las aulas. En la última década, el sistema educativo español ha experimentado un incremento significativo del alumnado de origen extranjero; según el Ministerio de Educación, este supera ya el 10% del total, con una proporción considerable de estudiantes que requieren apoyos lingüísticos específicos. Lejos de adaptarse a esta nueva realidad con recursos adecuados, la respuesta ha sido, en muchos casos, la masificación: aulas que superan los 30 alumnos, donde la atención individualizada se convierte en una quimera.

¿Es razonable exigir calidad educativa en estas condiciones? Resulta difícil sostener ese discurso cuando el profesorado debe gestionar simultáneamente diversidad cultural, necesidades educativas especiales, conflictos de convivencia y un currículo cada vez más extenso y exigente. La evaluación continua, que en teoría debería permitir un seguimiento detallado del progreso del alumnado, se ve desbordada por la falta de tiempo real para observar, analizar y acompañar. En no pocas ocasiones, la jornada se diluye entre interrupciones, tensiones y, en los casos más graves, episodios de violencia verbal o física.

A esta situación se suma una burocratización creciente que consume horas de trabajo sin un impacto tangible en la mejora educativa. Informes, registros y documentación que, con demasiada frecuencia, terminan archivados sin traducirse en intervenciones efectivas. Mientras tanto, la atención especializada —como la psicopedagógica— sigue dependiendo en gran medida de recursos externos, accesibles solo para aquellas familias con capacidad económica suficiente. Esto plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿podemos seguir hablando de un sistema público verdaderamente equitativo?

En el plano cultural, la cuestión lingüística añade otra capa de complejidad. El valenciano, patrimonio inmaterial construido a lo largo de siglos y especialmente reivindicado tras periodos históricos de represión, no puede convertirse en una herramienta de confrontación política. La lengua es un elemento de cohesión, no de división. Forma parte de la vida cotidiana: en la señalética urbana, en las tradiciones festivas como las Hogueras de San Juan, en la gastronomía, en la oralidad popular. Y, sin embargo, crece la percepción de que su presencia en las aulas se debilita o se instrumentaliza.

Resulta paradójico que, en un contexto donde se reivindica la diversidad cultural, algunos hablantes sientan incomodidad o incluso temor al utilizar su propia lengua. Como docente y como valenciana —alcoyana de nacimiento y alicantina de corazón—, no deja de emocionarme cuando alguien se dirige a mí en valenciano, a veces con cierta cautela, como si esperara una reacción negativa. ¿En qué momento hemos llegado a cuestionar algo tan intrínseco a nuestra identidad?

Volviendo al inicio, esa sensación de agotamiento no es aislada. Más de 46.000 docentes han manifestado en distintas movilizaciones recientes su hartazgo ante un sistema que perciben como inabordable. Diversos estudios, como el informe TALIS de la OCDE, señalan que alrededor del 70% del profesorado ha considerado abandonar la profesión en algún momento de su carrera. No se trata, por tanto, de una cuestión de fragilidad individual, sino de un problema sistémico que exige una reflexión profunda.

Quizá la pregunta no sea si los docentes se han vuelto más “blandos”, como a veces se sugiere de forma simplista, sino si el sistema se ha vuelto más hostil, más exigente y menos protector con quienes lo sostienen. Los recientes episodios de agresiones a profesores en localidades como Alcoy o Elda no son anécdotas aisladas, sino síntomas de una pérdida progresiva de autoridad y respeto hacia la figura docente.

Y, sin embargo, pese a todo, quienes nos dedicamos a la enseñanza seguimos esperando un final distinto. Porque, como en toda buena historia, uno confía en que exista un desenlace que, a largo plazo, beneficie a quienes más lo necesitan: los alumnos.

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