El profesorado de Alicante sale a las calles para manifestar sus condiciones

El problema de fondo del decálogo no es solo su tono. Es que convierte la negociación colectiva en un ejercicio de coacción política. Desplaza la responsabilidad propia de la Generalitat, mezcla debates que no pertenecen a la Mesa Sectorial y plantea que cualquier mejora salarial o de plantillas queda subordinada a recortes, topes o renuncias previas. Eso es exactamente lo que dice el texto cuando supedita las mejoras retributivas a la “infrafinanciación”, a la “estabilidad presupuestaria”, a un “techo máximo sostenible” de efectivos, al ajuste de la oferta educativa a la demanda y a que la subida estatal “deberá incorporarse y computarse” dentro de cualquier acuerdo laboral.

Además, la tesis central de la Conselleria sobre salarios es falsa. El incremento retributivo general del personal público para 2025 y 2026 no es una ocurrencia local ni una concesión graciable de la Generalitat. Es una norma básica producto de un acuerdo marco estatal, aplicable al conjunto de las administraciones públicas. El propio Consell valenciano lo reconoce expresamente en su Decreto-ley 15/2025, donde justifica la subida retributiva del personal de la Generalitat porque trae causa directa del acuerdo estatal y de la legislación básica.

El Estado fija las bases comunes de la subida salarial y las comunidades la abonan dentro de sus presupuestos porque tienen transferidas las competencias y gestionan su personal. Pero presentar eso como si fuera una losa ajena, caída del cielo, y usarlo para descontarlo de cualquier acuerdo propio con el profesorado es una manipulación política. La Mesa General estatal negocia el incremento global común y, además, la propia regulación prevé luego desarrollos en cada ámbito administrativo; por tanto, una mejora general no invalida ni sustituye la negociación autonómica sobre condiciones específicas del profesorado.

Tampoco se sostiene el victimismo sobre financiación. El Gobierno presentó en enero de 2026 una propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica que elevaría los recursos del sistema en 20.975 millones y asignaría a la Comunitat Valenciana 3.669 millones adicionales en 2027 respecto al modelo vigente. Por tanto, si el PP valenciano rechaza políticamente esa propuesta, recorta impuestos a los más ricos y luego usa la infrafinanciación como excusa para no mejorar las condiciones del profesorado, está haciendo un ejercicio de cinismo difícilmente superable.

Vamos a analizar todos los puntos del decálogo.

1. Responsabilidad compartida. Es una fórmula tramposa. La responsabilidad de financiar, planificar y priorizar el sistema educativo corresponde al Gobierno valenciano. Los sindicatos representan al profesorado; no son cogestores del presupuesto ni corresponsables de los recortes. Pedir corresponsabilidad cuando quien decide el gasto es la conselleria es empezar la negociación desplazando la carga política a la otra parte. El decálogo lo plantea desde la primera línea.

2. Reconocimiento de la infrafinanciación autonómica. La infrafinanciación existe desde hace años, pero no puede utilizarse como coartada selectiva. Más aún cuando la propuesta oficial del nuevo modelo de financiación elevaría en 3.669 millones los recursos de la Comunitat Valenciana y el PP valenciano la ha rechazado. No se puede decir al mismo tiempo “nos falta dinero” y “no queremos el cambio de modelo que nos aporta más recursos” y queremos seguir recortando impuestos a las rentas más altas.

3. Determinación de las plantillas. Aquí la conselleria blinda unilateralmente la Orden 9/2025 como marco cerrado, para enterrar definitivamente el Acuerdo de plantillas que firmó el gobierno del Botànic con todas las organizaciones sindicales. El mensaje de fondo es claro, no vamos a negociar las necesidades reales de los centros; vamos a imponer como techo la norma que ya hemos aprobado. Eso no es negociar, es pedir adhesión.

4. Relación entre ratios y modificaciones normativas. Este punto es especialmente grave. La conselleria viene a decir que si el Estado reduce ratios sin poner financiación adicional, entonces habrá que revisar el calendario y las condiciones de los acuerdos retributivos. Pretende enfrentar salario contra calidad educativa. Es un chantaje político inaceptable, porque ratios y retribuciones no son objetivos incompatibles, sino dos obligaciones de una misma administración.

5. Crecimiento sostenible del personal docente. El llamado “techo máximo sostenible” es una cláusula de congelación encubierta. Y además añade que, si se alcanza ese límite, los crecimientos previstos podrán suspenderse temporalmente. O sea, la conselleria se reserva el derecho de parar refuerzos y dotaciones futuras incluso aunque las necesidades educativas existan.

6. Adecuación de la oferta educativa. Aquí aparece otro chantaje inaceptable. Ajustar oferta a demanda para generar margen presupuestario con el que mejorar retribuciones. Es decir, la conselleria sugiere que para pagar mejor puede recortar o reordenar oferta. Eso vuelve a enfrentar derechos. O plazas y recursos o salario. Una administración seria debe garantizar ambas cosas, no presentar una como condición de la otra.

7. Escolarización sobrevenida. La queja sobre aumento de alumnado y profesorado sin compensación adicional del Estado y decir que eso supone financiación encubierta de otras CCAA roza el esperpento. El sistema de financiación autonómica existe precisamente para sostener servicios transferidos, y la propuesta oficial de reforma aumenta sustancialmente los recursos del conjunto de comunidades y de la valenciana en particular.

8. Absentismo y bajas laborales. Este punto, parece insinuar que el problema está en el profesorado y no en la sobrecarga, el deterioro de las condiciones de trabajo, la burocracia o la falta de sustituciones. El documento culpabiliza a los docentes en lugar de proteger su salud laboral.

9. Progresividad de las mejoras retributivas. Suena razonable, pero en realidad introduce una cláusula de aplazamiento indefinido. Todo queda condicionado a la financiación autonómica y a la estabilidad presupuestaria de cada ejercicio. Eso significa que nunca hay garantía cierta de cumplimiento. No es una propuesta de calendario; es una redacción para poder decir mañana que no toca.

10. Integración de medidas estatales. Es el punto más cínico del texto. La conselleria afirma que la mejora retributiva promovida por el Estado “financiada íntegramente con cargo a los presupuestos autonómicos” debe incorporarse y computarse dentro de cualquier acuerdo docente. Pero la subida general deriva de una norma básica estatal para todas las administraciones y la propia Generalitat la ha aplicado por decreto-ley al conjunto de su personal. Usarla ahora para descontarla de una negociación específica con el profesorado significa apropiarse de una obligación general para vaciar una negociación sectorial.

En resumen, el decálogo presentado por la Conselleria de Educación para la negociación con el profesorado no es una propuesta seria de acuerdo. Es un ejercicio de cinismo político y una falta de respeto a la comunidad educativa.

Lejos de asumir sus responsabilidades, la Generalitat intenta convertir la Mesa Sectorial en un escaparate para echar balones fuera. Lo hace culpando al Gobierno de España de cuestiones que no corresponden a esta negociación, mezclando debates de financiación con derechos laborales y planteando un falso dilema entre bajar ratios, reforzar plantillas o mejorar salarios.

Lo más grave es que el Consell pretende utilizar como coartada la infrafinanciación mientras rechaza, por puro sectarismo partidista, la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica que supondría para la Comunitat Valenciana 3.669 millones de euros más al año. No se puede decir por la mañana que faltan recursos y por la tarde votar contra más recursos para la Comunitat Valenciana. Eso no es defender a los valencianos y valencianas. Eso es anteponer la estrategia del PP a los intereses de nuestra tierra.

También resulta inaceptable que la conselleria pretenda computar dentro de un eventual acuerdo docente la subida salarial general del personal público aprobada por el Estado con carácter básico para todas las administraciones. Esa subida no es una concesión de la Generalitat al profesorado valenciano. Es una obligación general que el propio Consell ha aplicado por decreto. Presentarla ahora como si ya formara parte de la negociación específica con los docentes es, sencillamente, engañar.

Este decálogo no busca resolver el conflicto. Busca desactivar la huelga del 31 de marzo sin ofrecer soluciones reales. No hay compromisos concretos, no hay calendario cierto, no hay memoria económica, no hay voluntad de reparar el deterioro de la educación pública valenciana. Solo hay condiciones, límites, techos, excusas y amenazas veladas.

El profesorado valenciano no necesita sermones sobre sostenibilidad presupuestaria. Necesita respeto, plantillas suficientes, ratios razonables, salud laboral protegida, negociación real y mejoras retributivas justas.

La educación pública no puede seguir pagando la frivolidad política de un gobierno que recorta, culpa a otros de sus decisiones y luego pretende presentarse como víctima. Ya está bien de propaganda. Ya está bien de manipulación. Y ya está bien de usar a los docentes como escudo para tapar la incapacidad del Consell.

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