El profesorado de Alicante sale a las calles para manifestar sus condiciones

El problema de fondo del decálogo no es solo su tono. Es que convierte la negociación colectiva en un ejercicio de coacción política. Desplaza la responsabilidad propia de la Generalitat, mezcla debates que no pertenecen a la Mesa Sectorial y plantea que cualquier mejora salarial o de plantillas queda subordinada a recortes, topes o renuncias previas. Eso es exactamente lo que dice el texto cuando supedita las mejoras retributivas a la “infrafinanciación”, a la “estabilidad presupuestaria”, a un “techo máximo sostenible” de efectivos, al ajuste de la oferta educativa a la demanda y a que la subida estatal “deberá incorporarse y computarse” dentro de cualquier acuerdo laboral.

Además, la tesis central de la Conselleria sobre salarios es falsa. El incremento retributivo general del personal público para 2025 y 2026 no es una ocurrencia local ni una concesión graciable de la Generalitat. Es una norma básica producto de un acuerdo marco estatal, aplicable al conjunto de las administraciones públicas. El propio Consell valenciano lo reconoce expresamente en su Decreto-ley 15/2025, donde justifica la subida retributiva del personal de la Generalitat porque trae causa directa del acuerdo estatal y de la legislación básica.

El Estado fija las bases comunes de la subida salarial y las comunidades la abonan dentro de sus presupuestos porque tienen transferidas las competencias y gestionan su personal. Pero presentar eso como si fuera una losa ajena, caída del cielo, y usarlo para descontarlo de cualquier acuerdo propio con el profesorado es una manipulación política. La Mesa General estatal negocia el incremento global común y, además, la propia regulación prevé luego desarrollos en cada ámbito administrativo; por tanto, una mejora general no invalida ni sustituye la negociación autonómica sobre condiciones específicas del profesorado.

Tampoco se sostiene el victimismo sobre financiación. El Gobierno presentó en enero de 2026 una propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica que elevaría los recursos del sistema en 20.975 millones y asignaría a la Comunitat Valenciana 3.669 millones adicionales en 2027 respecto al modelo vigente. Por tanto, si el PP valenciano rechaza políticamente esa propuesta, recorta impuestos a los más ricos y luego usa la........

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