La política que no cuida
La política que no cuida
Vivimos en una especie de centrifugadora informativa que no deja de girar. Un torbellino constante en el que se mezclan noticias que, por sí solas, deberían conducir a interpretaciones claras, pero que al entrelazarse generan una sensación de confusión difícil de gestionar. Por un lado, se anuncian datos que invitan al optimismo: tasas de desempleo en mínimos históricos, aumento de la afiliación, recuperación de ciertos indicadores económicos. Por otro, emergen con igual o mayor intensidad realidades que golpean la vida cotidiana: el precio de la vivienda disparado, el acceso cada vez más restringido a un hogar digno, la imposibilidad de que el esfuerzo laboral se traduzca en estabilidad vital. Y, mientras tanto, el debate político parece atrapado en una lógica paralela, centrado en una competición permanente por señalar la corrupción ajena y convertir los tribunales en el escenario principal de la confrontación.
El resultado de esta mezcla no es solo ruido. Es desorientación. Es la sensación de que los avances no alcanzan, de que los logros llegan siempre acompañados de una factura que pagan siempre los mismos. De poco sirve que el empleo crezca si no permite vivir con dignidad. Durante años, la principal preocupación de la ciudadanía fue encontrar trabajo. Hoy tenerlo, no garantiza salir de la precariedad. El acceso a la vivienda se ha convertido en la primera inquietud social, superando incluso a la corrupción, que, paradójicamente, monopoliza la agenda política sin ofrecer respuestas estructurales.
Esta coexistencia entre logros y fracasos no es casual. Es el reflejo de un modelo que no termina de resolver —ni parece decidido a hacerlo— las desigualdades que lo atraviesan.
En este contexto, se ha instalado con fuerza el término “desafección política”. Pero no se trata de una falta de afecto hacia la política, sino de una reacción legítima ante la frustración acumulada. No estamos ante indiferencia, sino ante hartazgo. Ante la percepción de que quienes gestionan lo común no están respondiendo a las necesdades. Ante la evidencia de que el debate político se ha desplazado de los problemas reales hacia relatos construidos, donde la escenificación sustituye a la acción.
Conviene, por tanto, tener claro que la política no es el problema. La política es —o debería ser— la herramienta para organizar la vida colectiva, garantizar derechos y reducir desigualdades. El problema es, quienes la ejercen cuando la convierten en un instrumento al servicio de intereses particulares, subordinándola a cálculos electorales y a una confrontación constante que vacía de contenido su sentido.
Y es precisamente aquí donde emerge una idea olvidada, cuando no despreciada de que la política, en su esencia más profunda, debería ser un ejercicio de cuidado. Cuidar no es un gesto menor ni una concesión sentimental. Cuidar es sostener la vida, proteger la dignidad y garantizar condiciones que permitan a las personas desarrollarse con seguridad y libertad. Sin embargo, el cuidado ha sido sistemáticamente relegado, invisibilizado y asociado a lo privado o a lo doméstico, perdiendo valor en el espacio público donde, paradójicamente, más se necesita.
Incorporar el cuidado como eje de la acción política implicaría un cambio profundo de prioridades. Significaría situar en el centro la vida cotidiana de la gente, sus condiciones materiales y su bienestar real. Implicaría dejar de medir el éxito únicamente en términos de crecimiento económico para evaluarlo en términos de justicia social, equidad y acceso efectivo a derechos básicos como la vivienda, el trabajo digno o la salud. En definitiva, supondría pasar de una política del enfrentamiento a una política de la responsabilidad compartida.
La perversión de la política no se produce solo en los discursos. Se materializa en decisiones —o en su ausencia— que consolidan las brechas existentes. En la incapacidad para abordar problemas estructurales como el acceso a la vivienda. En la tendencia a priorizar lo urgente sobre lo importante, lo mediático sobre lo necesario.
Sin embargo, nada de esto es inevitable. No hay una ley escrita que obligue a que los avances vayan siempre acompañados de retrocesos. Lo que hay son decisiones, prioridades y modelos que pueden y deben ser revisados. Reorientar la política hacia el interés general no es una utopía, es una exigencia democrática.
La clave está en situar las prioridades en el lugar adecuado. Asumir que el empleo no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar dignidad. Reconocer que el acceso a la vivienda no es un lujo, sino un derecho. Y, sobre todo, entender que gobernar es, ante todo, cuidar.
Solo cuando la ciudadanía perciba que las decisiones políticas responden realmente a sus necesidades, cuando deje de sentirse espectadora y vuelva a reconocerse como protagonista de lo común, esa llamada desafección comenzará a revertirse. Tal vez entonces la política recupere su sentido original. Y quizá podamos salir de esta centrifugadora de contradicciones para empezar a construir un equilibrio que hoy parece siempre aplazado.
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