La ministra de Defensa, Margarita Robles, habla con Pepi, una vecina de Ceuta, durante su visita a la ciudad este miércoles. / Reduán / EFE

Ceuta se ha convertido, una vez más, en el centro de una crisis que trasciende con mucho el ámbito de una ciudad fronteriza. La entrada masiva de miles de ciudadanos marroquíes ha tensionado hasta el límite la capacidad de respuesta de sus instituciones, ha puesto a prueba los servicios públicos, ha generado una enorme preocupación entre la población y ha reabierto un debate tan complejo como necesario sobre la seguridad de las fronteras, la política migratoria, las relaciones internacionales y la responsabilidad del Estado.

Analizar qué falló antes, durante y después de la crisis resulta imprescindible para corregir errores y evitar que vuelvan a repetirse. Pero una cosa es exigir responsabilidades y otra muy distinta aprovechar una situación de enorme complejidad para convertirla en un instrumento de confrontación política y de desgaste electoral.

Las personas son las primeras víctimas de esta utilización. Lo son los ciudadanos de Ceuta, que ven alterada su vida cotidiana y reclaman, con razón, una respuesta inmediata del Estado para garantizar la seguridad, el abastecimiento, la atención sanitaria, la convivencia y el normal funcionamiento de unos servicios públicos sometidos a una presión extraordinaria. Pero también lo son........

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