María Sánchez Laguna y María Cremades Sánchez. Fusiladas el 21 de junio de 1941 / INFORMACIÓN

El 7 de noviembre de 1936 se presentó una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Aspe sobre la supuesta existencia de una emisora clandestina en la calle Castelar. Hasta el lugar se desplazaron milicianos, enviados por el Frente Popular de Aspe, con el fin de realizar un registro. En una primera inspección, no se halló la citada emisora; no obstante, fueron detenidos cinco hombres que se encontraban en la vivienda, que fueron trasladados al Ayuntamiento. Tras ser interrogados, fueron conducidos a la cárcel, ubicada en el último piso de la Casa Consistorial.

En aquellos momentos de guerra, los ánimos se encontraban exaltados y, pese a que en la localidad no se habían producido hechos violentos hasta entonces, aquella noche las autoridades municipales y los responsables del Frente Popular impidieron que varios individuos sacaran un vehículo del almacén-cochera municipal, instalado en la iglesia, con la finalidad de aplicarles el denominado «paseo».

Al día siguiente, el rumor sobre la existencia de la emisora clandestina y de una supuesta comunicación con las tropas sublevadas ya había circulado por toda la población. La indignación fue en aumento y derivó en la concentración de una multitud en la plaza de la República, frente al Ayuntamiento. Los congregados protestaban ante las autoridades municipales por lo ocurrido e instaban a que los detenidos fueran trasladados al Reformatorio de Adultos de Alicante para ser juzgados.

Ante la negativa del alcalde y del presidente del Frente Popular, las personas reunidas que algunas fuentes cifran en más de quinientas realizaron una manifestación por las calles de la localidad, expresando su indignación y profiriendo proclamas contra el ejército de Franco. La manifestación estuvo compuesta mayoritariamente por mujeres, en una retaguardia fuerte feminizada, consecuencia de la incorporación de los hombres a los frentes de guerra.

Finalizada la Guerra Civil, Ernesto Calpena Terol denunció su detención y la de cuatro personas más ante el cuartel de la Guardia Civil de Aspe. A raíz de ello, el juez militar de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, con su sede en el juzgado de Novelda, incoó un sumarísimo de urgencia por estos hechos, encausando a un total de setenta y dos personas, treinta y dos de ellas mujeres.

En el Archivo General e Histórico de Defensa (Madrid) se conserva el sumario n.º 5032 (1939), instruido por el juez militar, en el que se procesó a los convocantes y participantes de la manifestación de noviembre de 1936. Este sumarísimo de urgencia fue el procedimiento judicial que implicó al mayor número de vecinos de Aspe tras el final de la guerra. La instrucción establecía que entre el 7 y el 14 de noviembre de 1936, tras la detención de las personas denunciadas y la difusión de la noticia por la población, numerosos vecinos se concentraron en la plaza de la República reclamando el linchamiento de los detenidos. El consejo de guerra celebrado por estos hechos impuso penas que oscilaron entre los treinta años de reclusión mayor y los seis meses y un día de prisión menor. Doce encausados permanecieron algunos meses en prisión sin llegar a ser juzgados; tres fueron declarados en rebeldía; uno falleció en prisión y otro fue trasladado al Tribunal Tutelar de Menores.

Desde el punto de vista histórico y documental, lo más relevante de este sumario es la constatación de la represión ejercida contra las mujeres. La posguerra franquista desplegó una represión específica y sistemática sobre ellas, concebidas como sujetos políticos y morales a controlar. Más allá de la persecución por afinidad republicana o vínculos familiares, el régimen articuló una violencia de género institucionalizada que incluyó depuraciones laborales, encarcelamientos, humillaciones públicas, rapados, la ingestión forzada de aceite de ricino y la exclusión social. El ideal nacionalcatólico relegó a las mujeres al ámbito doméstico, anulando los derechos conquistados durante la Segunda República. Esta represión buscó disciplinar los cuerpos y las conductas femeninas, restaurar el orden patriarcal y escarmentar simbólicamente al conjunto de la sociedad vencida.

Este sumarísimo de urgencia se utilizó para encausar a treinta y dos mujeres, cuyo único «delito» fue participar en una manifestación. Tres de ellas fueron condenadas a doce años de prisión; otras tres, a ocho años; trece, a seis años; y cinco, a tres años. Otras cinco permanecieron algunos meses en prisión sin pasar por consejo de guerra; una fue declarada en rebeldía y, en otro caso, al tratarse de una menor, la causa fue sobreseída.

Además, otros procedimientos jurídico-militares, poco más de cien, afectaron a ochenta mujeres en la localidad, de un total de 365 personas represaliadas. Cuatro de ellas fueron condenadas a muerte y, finalmente, tres fueron fusiladas por la denominada causa Calpena. El resto sufrió penas de prisión de hasta treinta años, cumplidas en centros penitenciarios como Santurrarán (Mutriku, Guipúzcoa), Amorebieta (Vizcaya), Porta Coeli, el convento de Santa Clara o la Prisión Provincial en Valencia.

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