Vox marca un nuevo rumbo en las negociaciones con el PP para Extremadura y Aragón

El 5 de agosto de 2021, WikiLeaks reveló una base de datos conocida como la Red de la Intolerancia, que contenía 17.000 documentos provenientes de CitizenGo y Hazteoir.org (periodo 2001 a 2017), que explicaban su funcionamiento interno, así como sus donantes, entre los que estaban Esther Koplowitz, Isidoro Álvarez y Villar Mir, donaciones que habían servido para financiar al Vox presidido por Abascal. Estos fondos no solo sufragaban campaña provida y contra los derechos LGTBI, sino también salarios, alquileres y estructura del nuevo partido.

También se mencionaba a Mauricio Casals, ejecutivo de Atresmedia y editor de La Razón, premiado en 2009 por Hazteoír.

Varios de estos documentos informaban de cómo Hazteoír trataba de librarse de la sospecha de que era una tapadera de El Yunque en España. Correos internos muestran estrategias para forzar a Google a desindexar contenidos que asociaban a Hazteoír con El Yunque; la propia entidad llegó a demandar al buscador para intentar ocultar esas conexiones. Pero la revista mexicana Contralínea documentó en agosto las vinculaciones entre ambas organizaciones, de las cuales Hazteoír obtenía recursos financieros.

Luca Volontè, exdiputado democristiano y miembro de la junta directiva de CitizenGo, dirigió durante años la fundación Novae Terrae, utilizada para lavar dinero negro procedente de Azerbayán. Entre 2012 y 2014, esta fundación canalizó unos 2,39 millones de euros de redes político-empresariales ruso-azeríes hacia campañas contra el aborto, el divorcio y los derechos LGTBI en varios países europeos. Parte de estos fondos fueron transferidos a CitizenGo.

En enero de 2021, un tribunal de Milán condenó a Volontè a cuatro años de prisión por corrupción ligada a sobornos azerbaiyanos. Aunque en 2022 la Corte de Apelación confirmó su absolución y el caso quedó cerrado a su favor, el rastro financiero hacia el lobby fundado por Hazteoír quedó demostrado.

Los documentos desvelados por WikiLeaks también demostraban cómo se había canalizado dinero desde Moscú hasta Hazteoír a través de una fundación creada por Konstantin Malofeev (The St. Basil the Great Foundation) y reflejaban transferencias realizadas desde Hazteoír a la fundación polaca Ordo Iuris, trasvases todos planeados en los diferentes Congresos Mundiales de las Familias (WCF) celebrados desde 1997.

El ultraconservador WCF lo fundaron en 1997 Allan Carlson, presidente del Centro Howard para la Familia, la Religión y la Sociedad con sede en Illinois, y el profesor de sociología de la Universidad Estatal M. V. Lomonóson de Moscú, Anatoly Antonov. El WCF estableció relaciones estrechas con funcionarios rusos, miembros de la Duma y eminentes clérigos, como el arcipreste moscovita Dimitri Smirnov, de la Iglesia Ortodoxa, que fue designado en 2011 para encabezar la Comisión del Patriarca sobre la Familia, la Protección de la Maternidad y la Infancia, organismo creado para influir en los legisladores y como think tank al servicio del Gobierno Putin. A Antonov le sucedió Alexey Komov como representante oficial del WCF en Rusia, quien congenió enseguida con Smirnov.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, este lunes en Almazán (Soria). / Europa Press

Ambos apoyaron que el Congreso Mundial de 2012 se celebrase en Madrid, organizado por Hazteoír, que a partir de ese momento entró a formar parte de la red de financiación de la WCF, entre cuyos donantes, tal como demostraban los archivos de WikiLeaks, se encontraban empresarios rusos próximos al Kremlin, como Konstantin Malofeev y Vladimir Yakunin. Financiación con la que se creó CitizenGo y que llegaba hasta las demás sociedades pantallas de El Yunque, como Abogados Cristianos.

En 2013, CitizenGo y Hazteoír firmaron un acuerdo por el que la fundación St. Basil the Great aportaba 100.000 euros de capital semilla a cambio de participar en el órgano de gobierno de la fundación española, lo que se concretó en la incorporación al patronato de Alexey Kiomov, representante de la WCF en Rusia y hombre de confianza de Malofeev.

Sin dejar de aprovechar la ayuda yunquista, Vox ha desarrollado su propia vía de financiación internacional. Entre finales de 2013 y la campaña a las europeas de 2014, el partido recibió entre 800.000 y un millón de euros provenientes del Consejo Nacional de la Resistencia Iraní, que hasta el año anterior figuraba en la lista de organizaciones terroristas de EE. UU. y la UE.

Un estudio del Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos de 2021 calculó en 707,2 millones de dólares el gasto en campañas contra igualdad de género en Europa entre 2009 y 2018, de los cuales unos 33 millones corresponderían a CitizenGo.

Según una investigación realizada por el periodista Sian Norris en 2022, entre 2009 y 2018, solo desde oligarcas rusos como Malofeev y Yakunin, habrían llegado al menos 186 millones de dólares para financiar campañas ultraconservadoras en Europa, incluyendo proyectos impulsados por CitizenGo.

En 2019, OpenDemocracy reveló la existencia de una «coordinación extraordinaria» entre un grupo de apoyo a la campaña de Vox y partidos de extrema derecha de toda Europa, con CitizenGo y Hazteoír actuando como un comité de acción política (super PAC) europeo. Una infraestructura que ha impulsado a Vox internacionalmente y lo ha conectado con el partido y gobierno del húngaro Viktor Orbán.

En 2025, CitizenGo se registró como lobby ante el Registro de Transparencia de la UE declarando un presupuesto superior a los cinco millones de euros anuales.

La filtración de WikiLeaks, los rastros del dinero iraní y ruso y la consolidación de CitizenGo como lobby europeo dibujan, en conjunto, un mapa donde Vox ya no es solo un partido nacional, sino el beneficiario y a la vez el socio político de una compleja constelación de fundaciones, oligarcas y organizaciones religiosas que operan a escala global y que han hecho de España uno de sus principales nodos de influencia.

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