El rótulo de L'Altet y El Altet, en valenciano y castellano, en una imagen de archivo. / Información

Aquella tarde del 28 de febrero de 1984, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche era un hervidero. No se respiraba un aire cualquiera: se mascaba la tensión. En el orden del día figuraba la cooficialidad del topónimo «Elche–Elx», una decisión cargada de simbolismo que iba mucho más allá de una simple cuestión lingüística. Para unos era un gesto valiente; para otros, una provocación. En realidad, lo que estaba sobre la mesa era algo mucho más profundo: la identidad, la memoria y la manera en que una ciudad quería contarse a sí misma.

Yo defendía aquella medida convencido de que no se trataba solo de añadir una «x» a unas placas o de cumplir una ley autonómica recién nacida. Para mí era un acto de justicia con la historia, con la lengua y con la gente. Había llegado el momento de reconocer institucionalmente una realidad cultural e histórica que llevaba demasiado tiempo relegada. Sin embargo, la oposición conservadora arremetió con dureza. Las críticas se multiplicaron y, lo que fue peor, una parte del público organizado convirtió aquel pleno en un escenario de protesta. Gritos, abucheos, amenazas veladas. Desde los bancos del salón algunos sacaron tarjetas rojas, como si........

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