El final de curso deja una fotografía que, más que educativa, es política en el sentido profundo del término: muestra quién cree en la educación pública como motor de igualdad y quién la trata como un trámite incómodo. Mientras el Gobierno central ha desplegado una agenda educativa ambiciosa —becas reforzadas, impulso a la educación infantil, cooperación territorial, climatización de centros y una ley que reconoce al profesorado reduciendo ratios y horas lectivas—, varias comunidades gobernadas por el PP parecen empeñadas en caminar en dirección contraria.

La diferencia no es menor. Es estructural. Y afecta directamente a millones de estudiantes.

Tenemos un Gobierno que invierte, cumple y reconoce a la educación pública, que “no se defiende con discursos, sino con recursos”. Y los hechos acompañan. Se han reforzado las becas hasta niveles históricos, 2.559 millones de euros, ampliando su alcance para que ningún estudiante quede atrás por motivos económicos. Las becas no son un gasto: son una política de igualdad. Y este Ejecutivo lo ha entendido.

En paralelo, la apuesta por la educación infantil de 0 a 3 años ha sido clara: más plazas públicas, más financiación y más apoyo a las........

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