El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia. No una opinión, no un editorial, no un tuit a las once de la noche: una sentencia. Y lo que dice, lo dice muy claro: la ley de amnistía es plenamente compatible con el Derecho Europeo y con los valores de la Unión. Es, además, una validación desde tres puntos de vista: desde el de los derechos humanos tras el informe favorable de la Comisión de Venecia, desde el constitucional enmarcando la ley dentro de nuestra Constitución, y desde el derecho europeo. Sin margen a interpretaciones, sin margen de duda.

Es lo que llevamos diciendo desde hace dos años. Y es lo que el legislador siempre quiso y por lo que se trabajó en la tramitación parlamentaria. Hoy se hace más evidente lo que el propio nombre de la ley dice: ley de amnistía para la normalización institucional, política y social de Catalunya. Que Europa diese su conformidad jurídica a una ley que venía a acompañar jurídicamente un proceso político de normalización en Catalunya y de lo que muchos estábamos convencidos.

La Gran Sala del TJUE ha resuelto y lo ha hecho con una claridad que no deja resquicio para la duda razonable, ni siquiera para la duda interesada. La amnistía no perjudica los intereses financieros de la Unión ni vacía de contenido la directiva contra el terrorismo. No constituye tampoco, como tanto les gusta repetir a la derecha, la ultraderecha y sus voceros, una autoamnistía.

Su objetivo —reducir tensiones institucionales y políticas, facilitar un escenario de reconciliación— es, dice Luxemburgo, perfectamente compatible con el derecho comunitario. Tras más de dos años desde su aprobación, la ley para la normalización social, política e institucional de........

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