Este año España conmemora, con cierta solemnidad, tres hitos históricos: el 40º aniversario de su ingreso en la Comunidad Económica Europea, la creación del Instituto de Salud Carlos III y la celebración del referéndum sobre la OTAN. Sin embargo, si me lo permiten, hay aniversarios que no caben en una simple efeméride, y la aprobación de la Ley General de Sanidad de 1986, impulsada por el ministro socialista Ernest Lluch, es una de ellas.

En los tiempos en los que vivimos, en los que cualquier decisión tomada desde la convicción ideológica se convierte en un arma arrojadiza, podemos decir, alto y claro, que la Ley General de Sanidad fue una decisión política profundamente ideológica. Porque convertir la salud en un derecho y no en un privilegio es uno de los pilares de nuestra democracia, y molesta a quienes prefieren un modelo neoliberal.

Partíamos de una sanidad fragmentada, vinculada a las cuotas de los trabajadores, donde enfermar podía significar empobrecerse (tal y como pasa actualmente en EE. UU.). Y pasamos a un sistema financiado a través de los impuestos en los Presupuestos Generales. Y, así, por convicción democrática y decisión estratégica, este país decidió que nadie quedaría fuera. Que la fiebre........

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