Es fácilmente imaginable la desesperación de los responsables de las ciudades autónomas Ceuta y Melilla ante la presión migratoria que padecen, debida sobre todo a la abismal diferencia de rentas entre dichas plazas de soberanía y el territorio marroquí circundante. Solo la desesperación resultante de una pobreza irresoluble y de una total falta de expectativas explica el arrojo de decenas de miles de jóvenes y viejos africanos a la hora de intentar abrirse paso por la fuerza hacia el norte hasta recalar en territorio europeo.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del PP, está francamente desbordado por la reciente invasión de marroquíes y ciudadanos de otras nacionalidades, permitida si no azuzada por el régimen alauí, que tras producirse la retirada ha dejado en el territorio español la secuela de millares de menores no acompañados y de ciudadanos de varias nacionalidades que aspiran a conseguir la condición de asilados. Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), los pretendientes al acogimiento son sudaneses y pobladores de otras zonas en conflicto del África subsahariana así como marroquíes de determinados perfiles que alegan motivos específicos contemplados en la Convención de Ginebra, tales como persecución por orientación sexual e identidad de género (colectivo LGTBIQ ), motivos políticos o religiosos.

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