09 de abril 2026 - 03:08

Cuando padecemos un alarmante deterioro de la democracia que ha llegado a yugular la capacidad constitucional y legislativa de las cámaras, Congreso y Senado, en el normal funcionamiento de una Monarquía Parlamentaria y a poner en peligro la libertad de expresión, lo que alarma igualmente a los ciudadanos que desean estar bien informados y a los profesionales de la comunicación y la opinión, que ejercemos nuestro trabajo sin presiones ni mordazas del poder, son muchos los que se preguntan si todavía tienen derecho a pensar, opinar y comunicar, sin el riesgo a ser sancionados, reducidos al silencio y sin poder expresar sus criterios sobre las actuaciones del Gobierno y de quienes les sirven. En este caso comunicadores de los mandatarios del país que apostrofan e insultan a quienes en su perfecto derecho informativo y de opinión les critican. Un régimen que ataca a quienes discrepan y piensan distinto limita los progresos de la sociedad libre y concentran el poder en una minoría autocrática.

Pero en su desmedido afán de poder y el máximo tiempo de permanencia en el Gobierno, el presidente multiplica la profusión de instrumentos disuasorios para que la opinión pública y,. sobre todo, la mayoría de los medios informativos, sigan enredados en debates y discusiones, a veces absurdas, que distraen al común de los verdaderos problemas que aquejan al país y de los procesos que afectan directamente al ejecutivo. A Sánchez no le basta rentabilizar tanto interior como exteriormente su oposición a la guerra de Irán – ejemplo de libro de un país tiránico y terrorista - sino que sigue apoderándose de instituciones y empresas públicas, la última Indra, que controla el escrutinio de todas las elecciones hasta 2027. Ante este acopio de poder y pretendido dominio informativo no hace mucho la Asociación de Medios de Información en la celebración del Día del Periodista, alertaba del deterioro del derecho a la información y reclamaba un compromiso colectivo con el periodismo profesional “como pilar del derecho ciudadano a recibir información veraz”, advirtiendo que defender el periodismo equivale a defender un derecho fundamental instituido por la Constitución. Los periodistas no pueden convertirse en esclavos de falsedades.

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