Bolivia enfrenta una amenaza que va mucho más allá de narcotráfico y la violencia callejera. Cuando el crimen organizado logra penetrar las instituciones llamadas a investigar los delitos y administrar justicia, el problema deja de ser exclusivamente policial: se convierte en una amenaza para la economía, a la democracia y el futuro del país.  

 Las investigaciones abiertas contra presuntos integrantes de redes criminales de narcotráfico vinculadas al Ministerio Público, junto con la escalada de violencia Y sicariatos, han puesto al descubierto la dimensión del desafío que enfrenta el Estado boliviano. Los hechos deben esclarecerse con pruebas y respeto al debido proceso. Pero la gravedad de las denuncias obliga a actuar con firmeza y sin contemplaciones frente a cualquier estructura que pretenda convertir las instituciones públicas e instrumentos de protección criminal.

El presidente Rodrigo Paz y los ministerios de Gobierno y Defensa, junto con la Policía Boliviana tienen ante sí una responsabilidad histórica. Los operativos y las investigaciones deben traducirse en resultados sostenibles capaces de recuperar la confianza ciudadana y demostrar que ningún poder económico o político está por encima de la Ley

El primer costo de la inseguridad institucional es económico. Ningún inversionista serio evalúa un país únicamente por su recurso naturales o sus oportunidades comerciales. También analiza la seguridad jurídica la independencia de sus tribunales, la eficacia de las investigaciones y la posibilidad de proteger sus inversiones frente a la extorsión, la corrupción y el delito.

Cuando........

© HoyBolivia