El mismo día —el 29 de junio— la Corte Suprema de Estados Unidos le dio a Trump una victoria enorme y una derrota sonora. En Trump v. Slaughter le permitió botar a los comisionados de la Federal Trade Commission cuando le venga en gana, enterrando de paso un precedente de 1935 (Humphrey’s Executor) que había blindado a las agencias “independientes”. Y en Trump v. Cook le dijo que no podía botar, al menos no todavía y no por tuit, a una gobernadora de la Reserva Federal. Ganó el control sobre una agencia reguladora y lo perdió sobre otra, en cuestión de horas. Visto así, parece incoherente. No lo es.

Y hay un tercer fallo, más antiguo, que es el que en realidad ordena a los otros dos: Loper Bright (2024), donde la Corte le quitó a las agencias el poder de interpretar la ley con la última palabra y se lo entregó a los jueces. Slaughter, Cook y Loper Bright forman, juntos, el mapa nuevo del estado regulatorio norteamericano.

En un video que circuló bastante (aquí), el profesor John Yoo resumió Slaughter con una frase que se volvió titular: “los presidentes ahora controlan directamente el estado administrativo”. La frase es precisa y, para quienes venimos pensando hace años en lo difícil que es escapar del estado regulatorio, también reveladora. Nótese lo que afirma y lo que no. No dice que haya menos Estado. Dice que ahora tiene un dueño más claro. A partir de esa constatación —que comparto— quiero desarrollar una lectura del conjunto que, creo, va más allá del debate sobre quién manda.

Conviene mirar los tres casos juntos, porque la lógica que los ordena no es la que anuncian los titulares.

Vuelvo sobre Loper Bright, que es donde empieza todo. Ahí la Corte mató la doctrina Chevron, esa regla de cuarenta años que obligaba a los jueces a deferir a la interpretación que la agencia hiciera de una ley ambigua. Con Chevron muerto, la última palabra sobre qué significa la........

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