No se rasguen las vestiduras
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CompartirEn el pacto del PP y Vox en Extremadura no hay nada por lo que rasgarse las vestiduras. Nada que contravenga, de momento, la Constitución ... o las leyes, ni que contradiga las líneas rojas que puso Génova para acelerar la formación de gobiernos en Extremadura y Aragón.
No creo que Vox actúe como un Puigdemont de la vida o como cualquier separatista catalán, o como el propio Sánchez, que se saltan las leyes a la torera y no pasa nada.
A los de Vox —con muchas ocurrencias dignas de cualquier partido populista que se precie, y Abascal lo es— los veo mucho más respetuosos con el cumplimiento de las normas básicas del Estado de Derecho en el que vivimos que a Sánchez, al que lo de la «prioridad nacional» le ha venido como anillo al dedo para enarbolarlo en campaña, ahora que el «no a la guerra» ya está un poco manido.
En vulneración de leyes y de la Constitución, el presidente del Gobierno creo que es campeón. El ejemplo más flagrante es la Ley de Amnistía pactada con los golpistas, que vulnera claramente el artículo 14 de la Constitución. Con el actual presidente del Gobierno ha quedado claro que no todos somos iguales ante la ley. Está demostrado que, si eres independentista y delincuente, y el presidente necesita tus votos para gobernar, tienes garantizadas ventajas legales a la hora de pagar por tus delitos. Es algo que el resto de los españoles no tenemos. Sánchez puede dar no mítines, más bien másteres, sobre la «prioridad nacional» en beneficio propio.
Es necesario que el PP se sacuda los complejos fomentados por la izquierda porque esta, entre otras cosas, no los tiene a la hora de pactar con el mismísimo diablo, incluso en contra de la mayoría de los ciudadanos que acudieron a las urnas en julio de 2023, engañados por Sánchez, que les dijo que ni pactaría con Bildu ni amnistiaría a los golpistas.
La polémica «prioridad nacional» que recoge el pacto de gobierno entre el PP y Vox para formar gobierno en Extremadura, que seguramente también aparezca en el documento que firmen en Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán, posiblemente introduzca requisitos o baremos diferentes en el acceso a la vivienda pública y a las prestaciones sociales para los españoles. Pero es que cualquier extranjero, de la nacionalidad que sea, si es aceptado y reconocido plenamente en cualquier Estado o sociedad, sus derechos pasan a ser similares a los de los españoles de nacimiento. Afortunadamente, las leyes los protegen y, en esta cuestión, no creo que los de Abascal se conviertan en insumisos legales.
Ahora también se prioriza a los empadronados en una ciudad a la hora de acceder a viviendas de protección oficial, por ejemplo, o cuando se accede a determinados servicios municipales, como piscinas o campamentos: pagan menos los que estén empadronados en el municipio. Cuestión diferente son los irregulares o los ilegales.
El pacto entre María Guardiola y Vox en Extremadura no puede diferenciar o discriminar a ciudadanos ya igualados en derechos. Lo que hará será vigilar y controlar mucho más a la hora de conceder derechos nacionales a un extranjero en función de un obligado arraigo, compromiso y contribución personal.
Por cierto, muchos de los que hoy se llevan las manos a la cabeza por la polémica «prioridad nacional» son los que han estado criticando, sin dato alguno, que las ayudas de comedor, de libros o de cualquier prestación social se las llevan los extranjeros, pero no se dan cuenta de que esos ciudadanos nacidos fuera de las fronteras españolas ya tienen reconocidos sus derechos como cualquiera de los que hemos nacido en España.
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