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En el mapa de Salamanca hay zonas que ya no aparecen en los planes de las entidades financieras. No porque no existan, sino porque ya ... no resultan rentables. Esta decisión ha hecho que en demasiados pueblos sacar dinero en efectivo o hacer cualquier sencilla gestión bancaria exija coche, tiempo y, en muchos casos, ayuda. Y es ahí donde empieza otra forma de exclusión. Silenciosa.

El dato es frío: ocho de cada diez municipios salmantinos no tienen banco ni cajero. Pero la realidad que deja es dura: aislamiento, dependencia y la sensación creciente de que sigue habiendo ciudadanos de primera... y de segunda.

Hace tiempo que la brecha entre el medio rural y el urbano ya no solo se mide en kilómetros, sino también en el acceso a servicios tan básicos como el financiero. Porque mientras en los grandes municipios se habla de pagos con el móvil o de criptomonedas, en buena parte de la provincia el problema es poder sacar dinero de un cajero o actualizar la cartilla.

Por si fuera poco, la exclusión financiera llega acompañada de un intento de digitalización que para muchos mayores en lugar de progreso ha traído desconcierto. No solo les cierran la oficina, sino que ahora les hablan de apps.

Durante años, el cierre progresivo de oficinas se ha explicado en términos de cambios de hábitos y de rentabilidad. ¿Quién va a saber mejor de números que un banco? Y todo eso es cierto. Pero no es menos real el problema que sufre el 82 % de nuestros pueblos.

La exclusión financiera es otra forma silenciosa de desigualdad entre dos mundos, el rural y el urbano, donde cada vez las diferencias son mayores. Dos realidades que no conviven, sino que muchas veces chocan.

Frente a un horizonte lleno de incógnitas, iniciativas como la última propuesta de Junta y Diputación nos dejan, al menos, un pequeño hilo de esperanza. La posibilidad de apoyar a los pueblos de La Raya para que instalen cajeros automáticos en municipios sin servicios financieros es una medida que reconoce el problema y trata de ponerle una solución desde lo público. No es la panacea. En eso estamos de acuerdo, pero sí un paso en buena dirección.

Garantizar el acceso a servicios básicos no debería depender exclusivamente de criterios de mercado. Pero la realidad es otra. Y el medio rural no puede seguir perdiendo piezas de un puzzle que cada vez se vuelve más difícil. Sin servicios que fijen población, no hay nada que mantenga vivo al territorio.

Hace pocos días, el diputado de Empleo y Desarrollo Rural, Antonio Labrador, hablaba del ejemplo de un pequeño pueblo de la provincia. De entre 350 y 400 vecinos. La instalación de un cajero había permitido realizar 1.188 transacciones en un año por valor de casi 250.000 euros. No sé si para un banco estos números serán rentables. Probablemente, no. Pero lo que tengo claro es el servicio que hizo a estos vecinos.

La pregunta es si medidas como la incluida dentro del Plan de La Raya llegan a tiempo y con la suficiente ambición. Habrá que confiar y esperar. Porque cada día que pasa sin alternativas, la brecha se agranda un poco más.

Lo que ahora está en juego no es la comodidad de sacar dinero cerca de casa, sino algo más profundo: la igualdad real entre ciudadanos.

Quizá haya llegado el momento de replantearnos qué entendemos por rentabilidad cuando de lo que se habla es de servicios esenciales. No todo debería medirse en una cuenta de resultados. Y ahí debe intervenir lo público. No se trata de salvar sucursales o cajeros automáticos, sino de sostener la vida en nuestros pueblos.

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