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En las autovías, los baches son insalvables. En los trenes, es complicado escapar de retrasos y averías. En los cauces de los ríos, la falta ... de limpieza provoca desbordamientos e inundaciones. Y las presas, no las llenamos por lo que pueda pasar. La falta de mantenimiento en las infraestructuras lleva meses haciéndose patente. Aquello que no es posible inaugurar no tiene rédito electoral y no despierta ningún interés político. Por ello, las infraestructuras se pudren y descomponen sin recibir la inversión pública que permitiría ponerlas a punto de nuevo. Pero el mayor deterioro es el que no se ve, el que en silencio y sin ruido destroza servicios públicos.

Han pasado dos meses desde que el Gobierno forzó el apresurado desmantelamiento del sistema judicial que conocíamos para constituir los tribunales de instancia. Sin ningún tipo de contemplación, se destrozaron equipos que venían trabajando desde hace décadas; se despreció el valor de la experiencia asignando a funcionarios con años de carrera a sus espaldas tareas totalmente nuevas para ellos, y se tiraron a la basura los conocimientos que la plantilla pudiese tener sobre los procedimientos en marcha para traspasarlos a otros compañeros que se topaban con ellos por primera vez.

Pocas veces hay tanta unanimidad. Desde el último funcionario hasta el juez decano, pasando por procuradores y abogados, advirtieron del caos que se avecinaba. No erraron. Dos meses después, el caos continúa. Al más puro estilo de una república bananera, folios escritos a boli están pegados por los pasillos de los juzgados de la plaza de Colón para indicar no solo a los externos, sino también al propio personal de Justicia dónde encontrar cada servicio. La vía más rápida para no perderse en el nuevo «laberinto» judicial sería llamar por teléfono, pero es que ni siquiera los propios funcionarios saben todavía cuál es el número del aparato que tienen sobre la mesa. Pero estos detalles, que evidencian la chapuza que hizo el Ministerio a la hora de abordar un cambio que podría incluso ser positivo si se acometiese con cabeza, son solventables.

Los verdaderos perjuicios que ha provocado la desordenada aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia aún no son cuantificables. No se conocerán hasta que el Consejo General del Poder Judicial publique las cifras de casos pendientes en esta provincia al cierre de este primer trimestre. Una de las ciudades con mejor pendencia judicial del Estado está abocada al atasco en todos los órdenes judiciales, denunciaban los sindicatos a principios de año. Y casi dos meses después nada ha ido a mejor.

Las voces de alarma que lanzaron los trabajadores y los jueces y las críticas de letrados y procuradores han caído en saco roto. Una vez más, el Ministerio ha hecho oídos sordos y, salvo algún que otro parche, los problemas siguen estando ahí. Las plantillas están descompensadas para hacer frente a la carga de trabajo existente en los diferentes servicios. Y, para adaptar la nueva estructura a un edificio diseñado para un sistema ya defenestrado, se hacina a demasiados trabajadores en algunas oficinas mientras que otras están casi vacías.

Pero en la justicia no se ven los baches. Los retrasos, aunque con consecuencias más traumáticas que las demoras en el transporte, no son tan evidentes para la ciudadanía hasta que esta no se ve inmersa en procedimientos eternos. Y aunque los juzgados estén desbordados no resulta fácil acreditarlo. Así, para el Gobierno resulta fácil mirar a otro lado, mientras la desmotivación triunfa entre quienes deben garantizar que las sentencias no lleguen demasiado tarde. Una vez más, el rescate llegará cuando todo se haya hundido.

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