Una sola frase resume la crisis política que vive el Perú. La Presidencia del Consejo de Ministros, al defender al nuevo gabinete, afirmó: “Hay procesos en curso, pero ninguno está sentenciado”. Es decir, mientras no haya una condena judicial, el ejercicio del poder se considera legítimo. Este argumento revela más que una simple discusión jurídica. El estándar político del Estado peruano ha cambiado sin que nadie lo advierta. Antes se requería idoneidad para asumir el poder. Hoy basta con no tener sentencia firme. El gabinete liderado por Denisse Miralles, que juró el 24 de febrero de 2026, llega al Congreso con un problema político y simbólico. Varios de sus miembros registraron investigaciones fiscales o procesos judiciales en sus declaraciones juradas. Esta obligación se introdujo con la Ley 31457, buscando transparentar la situación de quienes asumen funciones públicas. La norma pretendía elevar el nivel de integridad en el Estado. Sin embargo, su aplicación se limitó a un........

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