Una sola frase resume la crisis política que vive el Perú. La Presidencia del Consejo de Ministros, al defender al nuevo gabinete, afirmó: “Hay procesos en curso, pero ninguno está sentenciado”. Es decir, mientras no haya una condena judicial, el ejercicio del poder se considera legítimo. Este argumento revela más que una simple discusión jurídica. El estándar político del Estado peruano ha cambiado sin que nadie lo advierta. Antes se requería idoneidad para asumir el poder. Hoy basta con no tener sentencia firme. El gabinete liderado por Denisse Miralles, que juró el 24 de febrero de 2026, llega al Congreso con un problema político y simbólico. Varios de sus miembros registraron investigaciones fiscales o procesos judiciales en sus declaraciones juradas. Esta obligación se introdujo con la Ley 31457, buscando transparentar la situación de quienes asumen funciones públicas. La norma pretendía elevar el nivel de integridad en el Estado. Sin embargo, su aplicación se limitó a un trámite: se declara la investigación, se firma el papel y el nombramiento sigue adelante. La transparencia formal reemplazó a una evaluación política real. El contexto actual agudiza el desafío. El gabinete pedirá el voto de confianza el 18 de marzo, en plena campaña electoral. El país votará en primera vuelta el 12 de abril de 2026 y en segunda vuelta el 7 de junio. Cada decisión política se lee también desde la lógica electoral. En este escenario, un gabinete con ministros investigados queda expuesto. No por una culpa comprobada, sino porque cada expediente se convierte en herramienta política. Interpelaciones, pedidos de información, amenazas de censura y negociaciones reservadas pasan al primer plano. Algunos casos evidencian el problema. El ministro Wilder Sifuentes Quilcate registra cinco investigaciones fiscales en curso. Luis Enrique Jiménez Borra suma tres por presuntos delitos en la gestión pública. Hugo Begazo de Bedoya enfrenta un proceso judicial por falsificación de documento público. Nelly Paredes del Castillo también tiene una investigación abierta. Ninguno de ellos ha recibido sentencia. El asunto es institucional. Un gabinete que asume con expedientes abiertos llega debilitado ante el Congreso. Cada investigación se convierte en palanca de presión política. El Ejecutivo inicia su gestión en desventaja, en una relación parlamentaria donde la estabilidad depende de acuerdos transaccionales. Las consecuencias alcanzan al ámbito económico. La incertidumbre institucional afecta la inversión, el empleo y el crecimiento. Proyectar estándares bajos de integridad deteriora la confianza. Los efectos no siempre aparecen en los indicadores financieros inmediatos. Se sienten en decisiones de inversión postergadas del sector empresarial. Persiste también un costo cultural. Cuando se asume como normal que ministros tengan investigaciones pendientes, el mensaje para la ciudadanía resulta desmoralizador. La sospecha deja de ser un inconveniente. Solo la sentencia marca un límite. Se instala la resignación. El estándar ético se desvanece y el cinismo gana terreno en la vida pública. La presunción de inocencia es un principio válido. Nadie debe ser condenado políticamente sin una sentencia judicial. Pero gobernar exige más que cumplir la ley mínima. Se requiere autoridad moral, credibilidad institucional y confianza pública. El Perú enfrenta hoy un dilema casi invisible. No se discute la culpabilidad de un ministro investigado. El verdadero debate es el estándar mínimo que el país debe exigir para administrar el Estado. Bajar ese estándar implica un riesgo grave. Un país puede superar errores o crisis políticas. Lo insostenible es aceptar la sospecha como norma de gobierno.

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