La caída de Miralles evidencia mucho más que un simple cambio de gabinete. Demuestra que el sistema de selección dejó de priorizar la idoneidad y ahora prefiere funcionar bajo la tolerancia al riesgo político. Los gabinetes llenos de ministros cuestionados son un reflejo directo de esta lógica. Cuando la presión aumenta, el resultado se vuelve previsible. El nombramiento del gabinete Arroyo se dio para ganar tiempo. Logró evitar una inminente derrota en el voto de confianza en el Congreso. Se reorganizó la composición ministerial, se mantuvieron varios nombres y se reinició el conteo político. La estructura sigue intacta y persiste. Perú tiene un gabinete con más de diez ministros investigados. Esto dejó de ser sorprendente y ya forma parte de lo habitual. La defensa oficial es: mientras no exista sentencia, el requisito legal se considera cubierto. El marco legal se respeta, pero la idoneidad no. Este cambio explica por qué el Estado peruano opera bajo sospecha constante. El deterioro ha sido progresivo. La exigencia de declarar investigaciones, pensada como un acto de transparencia, se transformó en un simple trámite. Se declara, se cumple el procedimiento y se continúa en el cargo. La política dejó de atribuirle un costo a la duda. Una investigación ya no define la evaluación pública. El Congreso detectó esta debilidad y la utiliza como herramienta de presión. Cada ministro con procesos abiertos queda condicionado. La negociación política reemplaza a la gestión, y la agenda pública se reduce a cálculos de corto plazo. Este patrón se promueve en un país que atraviesa un ciclo de inestabilidad institucional, con una constante rotación de gabinetes entre 2024 y 2026. Además, la incertidumbre política aumenta en la antesala del proceso electoral, un riesgo que organismos internacionales, como la OCDE, ya han señalado como un factor que afecta la inversión y la toma de decisiones. Más allá de lo político, se evidencia en decisiones clave que afectan al país. Petroperú recibe un nuevo rescate financiero que es una enorme fiscal. El Congreso promueve leyes que debilitan la minería formal y favorecen la informalidad. El término “concesión ociosa” se convirtió en argumento político, aunque el problema sea que muchas concesiones están paralizadas por la burocracia, la captura política, las normas como el REINFO y la inseguridad territorial. En realidad, son concesiones secuestradas, donde la inversión formal quedó bloqueada mientras avanza la minería informal. Surgen iniciativas sin sustento, motivadas por incentivos políticos de corto plazo. La inversión se retrae, la incertidumbre se expande y la confianza institucional se resiente. El nivel de exigencia en la selección de las autoridades afecta a la toma de decisiones. Cuando ese estándar cae, las decisiones son mediocres. Además, prevalecen las dudas sobre los criterios para conformar los gabinetes y los intereses que los respaldan. Episodios recientes, con vínculos entre política, poder e influencia, refuerzan la impresión sobre decisiones que se toman en circuitos opacos. Los cuestionamientos en torno a la familia de Brunella Horna y César Acuña alimentan esta impresión. Entonces, ¿se gobierna para mantener equilibrios políticos? La duda debilita la legitimidad. Sin legitimidad, la capacidad de gobernar disminuye. Se necesitan decisiones firmes. Es urgente restablecer un estándar mínimo de idoneidad comprobable, con criterios éticos y técnicos claros. La función pública debe establecer límites precisos y responsabilidad en la selección de autoridades. Cada nombramiento emite una señal. Marca el rumbo y fija el estándar que se proyecta en todo el Estado. Lo ocurrido supera un episodio puntual. Es estructural. El país está aceptando el ejercicio del poder bajo sospecha. Esta tolerancia tiene consecuencias que erosionan el Estado. Cuando se rebaja el estándar para gobernar, el deterioro permea todo el sistema.

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