“Expreso”, comentando planteamientos de algunos candidatos presidenciales, ha señalado algunos hechos que se evidencian en la administración de justicia y que deben resolverse, aun reformándola sustancialmente. ¡Es importante aportar soluciones! Nuestra Constitución establece que la estructura del Estado tiene los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Este último ejerce la administración de justicia y posee los principios de unidad, exclusividad e independencia, y está normado que “ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones” (SIC). Sin embargo, esa administración está evidenciando inocultables problemas expuestos por los candidatos presidenciales. Los electos (el 12/04/2026) para los poderes Legislativo y Ejecutivo, dentro de sus facultades constitucionales, están obligados a resolverlos porque la administración de justicia debe ser idónea y oportuna (sin dilaciones), de conformidad con las normas legales vigentes, que son de cumplimiento obligatorio y que todos los administradores de justicia tienen el deber y obligación de cumplir, como lo establece el artículo 109° de la Constitución. Candidatos presidenciales han señalado los problemas de lo que han denominado como “crisis en el sistema judicial” (SIC): entre otros, son: las dilaciones en los procesos judiciales (civiles, penales, comerciales, contratos, familia, etc.), carencia de capacidad legal de los administradores de justicia, excesiva carga procesal, muchos son jueces “provisionales”, hay juzgados transitorios, ineficiencia del control a los trámites judiciales, falta de coherencia en sentencias expedidas en el propio Poder Judicial, etc. Además, los candidatos no han ocultado referirse a la corrupción y politización de algunos magistrados. Han propuesto, entre otras medidas: promover el acceso a la carrera judicial por 3 años a jóvenes profesionales luego de un año de formación especializada en la Academia de la Magistratura; concluir con jueces supernumerarios y provisionales; que los órganos de control sean eficientes; que los administradores de justicia no dilaten los procesos judiciales (vale decir, que cumplan con los plazos procesales en cada expediente); crear mecanismos destinados a denunciar irregularidades en el Poder Judicial y Ministerio Público; generar la vía arbitral para controversias civiles, patrimoniales y comerciales para reducir la carga procesal y frenar la corrupción y la politización, etc., etc. Los graves problemas que se evidencian en la administración de justicia, que perjudican a los justiciables y a la sociedad, han sido preocupación de los candidatos presidenciales. Los electos en anteriores procesos electorales no han resuelto esos graves problemas en la administración de justicia, que no son “nuevos”. Los que asuman los poderes Legislativo y Ejecutivo tienen que hacerlo sin temor a la politización que evidencian algunos magistrados. La “unidad, exclusividad e independencia” del Poder Judicial debe ser para que los magistrados administren justicia idónea, oportuna y justa.

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