Hace unos días señalábamos que la principal responsabilidad del gobierno del presidente José María Balcázar era garantizar un proceso electoral transparente, neutral e incuestionable. Ese sigue siendo el objetivo central de un mandato que, por su naturaleza transitoria, debe concentrarse en preservar la estabilidad institucional del país. Sin embargo, el Perú enfrenta hoy una nueva preocupación que complejiza el escenario: el inicio del fenómeno del Niño Costero 2026. Las lluvias intensas en la sierra ya han provocado huaicos, deslizamientos y el aislamiento de diversas localidades. Los daños a carreteras, viviendas e infraestructura básica han encendido las alertas. Según los organismos técnicos, el calentamiento del mar frente al litoral peruano confirma que el fenómeno ya está en desarrollo y podría alcanzar una intensidad moderada en los próximos meses. El país conoce bien lo que esto significa. En 2017, un evento similar dejó pérdidas superiores a los 3,000 millones de dólares y afectó a más de cien mil personas. La experiencia demuestra que los impactos no solo son materiales. Se interrumpen también los servicios de salud, se dañan escuelas, se paralizan actividades productivas y se agravan las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones más pobres. Hoy el fenómeno climático coincide con un proceso electoral en marcha. Ello introduce un factor adicional de riesgo. No solo está en juego la atención oportuna de la emergencia y el normal inicio del año escolar en abril. También está en juego la logística electoral. El Niño Costero se convierte, en este contexto, inevitablemente, en un actor más del proceso político. La percepción de abandono o de respuesta tardía frente a los desastres podría traducirse en malestar social. Y ese malestar, en medio de una campaña electoral, puede profundizar la desconfianza, alimentar la polarización y erosionar aún más la legitimidad del sistema. Por si fuera poco, el gabinete que preside Denisse Miralles en menos de treinta días deberá presentarse ante el Congreso para exponer la política general del gobierno y solicitar el voto de investidura. La situación exige una doble capacidad de gestión: atender la emergencia con eficiencia y, al mismo tiempo, construir los consensos políticos necesarios para asegurar la gobernabilidad. Sería un error convertir esta coyuntura en un escenario de confrontación. La presidenta del Consejo de Ministros es una profesional con amplia experiencia en el sector público y con una trayectoria técnica y de carrera que debería ser evaluada en función de su capacidad de gestión y no de cálculos políticos coyunturales. Frente al desastre de 2017, el país actuó bajo el principio de “Una sola fuerza”. Todo el aparato del Estado se orientó a la atención de la emergencia, dejando de lado disputas y protagonismos. Hoy la situación exige lo mismo. Y más. Las pérdidas económicas podrían alcanzar cifras millonarias cada día si la infraestructura vial, agrícola y productiva no se rehabilita con rapidez. En estas circunstancias, el gabinete necesita el voto de confianza. La tarea del Ejecutivo, por tanto, debe ejecutarse con la precisión y el equilibrio de un reloj suizo: sin cálculos políticos, atendiendo con eficacia la emergencia y sin descuidar el objetivo de llevar adelante un proceso electoral inobjetable. No se puede confundir el voto de confianza necesario por la emergencia que vivimos con una campaña electoral que busca “llevar agua para los molinos” en juego, dejando de lado el interés nacional. El país no está en emergencia solo por las lluvias. La situación política amenaza con calentarlo más.

Ex primer vicepresidente del Perú.

Mira más contenidos en Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok y en nuestros canales de difusión de WhatsApp y de Telegram para recibir las noticias del momento.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

📲 Noticias a tu WhatsApp

Presiona AQUÍ y únete a nuestra comunidad 'Noticias al instante'.

© Expreso