Nuestros gobernantes se han pasado los últimos tiempos evaluando la decisión de la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos para poder aplicar la pena de muerte en el Perú y mientras siguen reflexionando, el país que da sumido en la mayor barbarie. Los argumentos a favor y en contra de la pena de muerte son ampliamente conocidos y agotados, y mientras sigamos debatiendo, seguirán muriendo personas indefensas. Esta desgraciada realidad que se ve en todos los rincones del país, debemos acabarla de raíz, y para hacerlo de manera democrática y constitucional, corresponderá que el gobierno del Perú, una vez aprobado en una sesión del Consejo de Ministros, y luego de haber comunicado al Congreso de la República, envíe una nota al secretario general de la Organización de los Estados Americanos – OEA, dando aviso de la referida decisión peruana, soberana y unilateral, conforme el artículo 78 del ya citado instrumento panamericano, que exige dar cuenta del denominado pre aviso, con un año de anticipación. Lo anterior significa que, por ejemplo, si el Perú decidiera salir del Pacto de San José el día de hoy, sábado 14 de marzo de 2026, quedará expedito al día siguiente de cumplido el año del referido pre aviso, esto es, el 15 de marzo de 2027, para aplicar también de manera soberana y unilateral, y sin restricciones de ninguna clase, la pena capital para los terroristas, tal como ya está establecido en el artículo 140 de la propia Constitución Política del Perú de 1993, y en adición, para los violadores de menores de edad que fallecen por el ultraje, que fue mi propuesta inicial, desde hace ya varios años, a la que progresivamente podrán incorporarse otros delitos como extorsión, sicariato y corrupción, las que deberían ser objeto de debate en el Congreso paralelamente al cumplimiento del plazo del referido preaviso a la Corte IDH, que, únicamente después del año, podrá ser incorporado por reforma en la Constitución Política e incorporado al Código Penal vigente. Surgirán las voces de siempre que dicen que la pena de muerte no soluciona nada, que no disuade y que la corriente internacional es hacia su abolición. Si acaso no se implanta la pena de muerte, nos vamos a anarquizar en un país donde la barbarie sigue ganando terreno. La autoridad nacional deberá mostrar carácter para no arrugar en la medida de Estado. Para aquellos que sostienen que podría terminar aplicándose la pena de muerte a inocentes, quisiera recordar que no existe justicia infalible, ni siquiera en el país más desarrollado del mundo. Para no quedarnos sin supranacionalidad, reitero mi propuesta sustentada en el seno del Parlamento Andino, en Bogotá, Colombia, en noviembre de 2022, es decir, de contar con un Tribunal Andino de Derechos Humanos en el marco de la Comunidad Andina - CAN. Basta de perder más tiempo. El Congreso que se instalará el 28 de julio de 2026, debería decidirlo con convicción de Estado y con la Constitución en la mano, pues se trata de un anhelo y una necesidad de la inmensa mayoría de peruanos.

(*) Excanciller del Perú e Internacionalista

Mira más contenidos en Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok y en nuestros canales de difusión de WhatsApp y de Telegram para recibir las noticias del momento. 

📲 Noticias a tu WhatsApp

Presiona AQUÍ y únete a nuestra comunidad 'Noticias al instante'.

© Expreso