En el Perú, las denominadas leyes pro crimen que, según ácidos críticos, fiscales, jueces, representantes de la sociedad civil organizada, debilitan la lucha contra el crimen organizado; restringen los mecanismos de investigación penal, reducen plazos de persecución de delitos; permiten la aplicación de sanciones contra fiscales y jueces que investigan casos de corrupción y crimen organizado.
Quijotes, fijó posición, haciendo notar que, tal como parte de nuestra normativa penal migró a una postura garantista en favor de los criminales, bajo el prurito de la defensa de sus derechos humanos, lo real es que existe también un sesgo, una postura garantista en la normativa y en la postura ideológica política de los operadores del sistema de justicia. En ese sentido, lo mejor sería que el nuevo Congreso analice las cuestionadas normas para determinar si han debilitado o no la capacidad del Estado para........

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