Al ciudadano promedio aún no le queda claro por qué se produjo la deflagración del ducto de Camisea que provee de gas natural vehicular (GNV) a Lima, provocando el desabastecimiento de este y de refilón del gas licuado de petróleo (GLP), sumiendo en el caos perfecto a todo el país. Los precios subieron y la escasez nos visitó. La empresa no ha dado una razón certera. Probablemente, un deslizamiento de tierra movió la válvula de un ducto, fugando gas, lo que provocó la explosión. Pudo haber muertos; afortunadamente, no fue así. Las autoridades no se dieron el trabajo de explicar de inmediato a la opinión pública lo ocurrido. El Perú estaba en un momento muy difícil, venía de censurar irracionalmente a un presidente cuestionado y “ungiendo” a otro igualmente incapaz. El mandatario desapareció de escena y la premier, una persona dinámica, hizo lo que pudo. Pero un tubo paró al Perú. Nos enrostró en la cara que durante el gobierno de Alan García se conminó a la empresa a tener un ducto alterno, el llamado plan B. El gobierno de Ollanta Humala eliminó la obligación y acá estamos. El problema del gas provocó el alza del precio del transporte público hasta afectar el crecimiento del PBI el 2026. Como los males vienen juntos, el conflicto en Irán ha incrementado el precio del petróleo. La naturaleza hace lo suyo: las abundantes lluvias provocaron huaicos, cierre de vías, desastre y desgracia entre nosotros. Súmele que la extorsión a los transportistas continúa, el plan de seguridad que presentaría el expresidente Jerí no vio la luz, y el asesinato de choferes es el día a día. La infraestructura de nuestro país es una calamidad. Los puentes colapsan, las vías también. Es el resultado de años de robo sistemático a las arcas estatales. Los ministerios se adjudican desde hace algún tiempo en función de un criterio crematístico-político. Se apoya al de turno si hay “bille” o negocio de por medio. Se añade a este caos perfecto el tener elecciones en menos de un mes. Se perfilan algunos candidatos, pero la ciudadanía no se entusiasma mucho con nadie. Difícil tener interés por la vida pública —indispensable para un país sano— cuando, por ejemplo, el recojo de basura en el distrito de Carabayllo es un infierno; presumiblemente, hay corrupción. O no hay insulina en el sector público y los diabéticos la pasan muy mal. O el alcalde de Lima propone instalar a los ambulantes debajo de la estructura del metro en la avenida Aviación. ¡Plop! Los candidatos andan en otra. Lanzan propuestas, muchas irracionales, y se pelean duro, eso sí. Sin tomar en cuenta que este Perú atribulado desde hace un tiempo, desgastado y desvencijado, pese a cierta estabilidad económica, no necesita mesías ni enemistad entre ellos. Se anuncia que el ducto de Camisea se reparó ayer y todo volverá a la normalidad. Lo que vivimos, ciertamente, no es normalidad, sino precariedad. Se propuso relanzar el carísimo y corrupto gasoducto del sur. Petroperú está —sigue— quebrada, pero la sostenemos con nuestros impuestos. El Congreso aprobó ayer darles gratificación y CTS a los 300 000 trabajadores CAS. La caja fiscal no aguanta. El Perú está a punto de colapsar socialmente y será difícil recuperar la institucionalidad, algo que no contempla la grita electoral.

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