El aniquilamiento de cuatro personas y el secuestro de un empresario minero en Trujillo no son hechos aislados. Son, más bien, la confirmación brutal de que la inseguridad dejó de ser una preocupación cotidiana para convertirse en una amenaza estructural contra la vida, la economía y la autoridad del Estado. La delincuencia, la extorsión y el sicariato han avanzado mientras el país se acostumbraba a reacciones tardías, a buscar culpables y a escuchar explicaciones que ya no alcanzan. La ciudadanía no quiere discursos: exige resultados. Y esos resultados solo serán posibles si la Policía, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, la Fiscalía y la propia sociedad actúan de manera coordinada. Identificar a los responsables, ubicar sus redes, desarticular sus fuentes de financiamiento y llevarlos ante la justicia........

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