La reciente condena a cinco años de prisión y al pago de S/ 55 000 impuesta a Patricio Cardama Febres —el violentista que incendió un patrullero durante una protesta contra el Congreso hace cinco años— debería marcar un punto de inflexión en nuestra justicia. Ojalá no termine, como tantas veces, diluida entre interminables apelaciones, argucias procesales y la eterna indulgencia con que nuestro sistema judicial suele premiar a quienes, disfrazados de menesterosos, atentan contra el orden público.
El Perú intentaba entonces retomar el camino del Estado de derecho, suspendido un cuarto de siglo atrás tras el golpe de Fujimori en 1992, y nunca suficientemente recuperado. Con la llegada al poder del hoy encarcelado Alejandro Toledo —y la influencia política y mediática de su entorno, capitaneado por Gustavo Gorriti— se consolidó un proceso de atentados institucionales que ha mantenido al país sometido al designio del Poder Judicial y el Ministerio Público. Desde entonces, la justicia peruana ha oscilado entre la........

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