Las declaraciones a este periódico del exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Danilo Guevara, revelan una verdad sumamente incómoda y peligrosa. En síntesis, señalan que el Perú no puede permanecer evadiendo el crimen organizado, que avanza vertiginosamente mientras el Estado retrocede. Y esto no por otro motivo que no sea la falta de diagnósticos y la ausencia de advertencias, sino porque las instituciones encargadas de contener esta creciente amenaza se encuentran débiles, desarticuladas y, generalmente, incapacitadas de actuar coherentemente, al unísono, por la colosal corrupción que las carcome. Decir que el crimen organizado opera como una actividad económica que se expande allí donde el Estado falla no es una simple metáfora: es, más bien, la clara y dramática descripción de nuestra realidad. Durante más de una década, nuestro país ha seguido acumulando planes, estrategias y documentos oficiales que prometen enfrentar exitosamente la inseguridad. Todos, sin embargo, comparten un rasgo común: hablar de ejercicios retóricos sin capacidad operativa y de versiones sucesivas bajo un mismo libreto, ¡pero que nunca llegan a ejecutarse! La razón es estructural. Nuestro país carece de instituciones coherentemente ensambladas, de cuadros profesionales estables y de una arquitectura de seguridad legal que funcione como un sistema. La Policía captura delincuentes que, apenas horas después, recuperan su libertad por decisiones fiscales o judiciales que la sociedad y la lógica rechazan. La Policía tampoco investiga porque la Fiscalía se ha apropiado de esa gestión que, asimismo, la incumple permanentemente; el Poder Judicial procesa sin articular suficientemente con nuestro “sistema” penitenciario; y el Congreso produce leyes incoherentes, sin evaluar su impacto en la lucha contra el crimen. Consecuentemente, nuestra estrategia está condenada al fracaso. No por falta de leyes —que sobran—, sino porque falta Estado. El exjefe de la DINI señala otro elemento crucial: la ausencia de liderazgo político. La lucha contra el crimen organizado demanda conducción, visión y capacidad para convocar a todas aquellas instituciones involucradas. Sin un liderazgo que marque rumbo, coordine esfuerzos y demande resultados, cada entidad operará atrapada en sus propias pugnas internas, reverberadas por su inercia burocrática. ¡La desarticulación del Estado agrava todo! Cuando los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y la Fiscalía se enfrentan entre sí, el crimen organizado encuentra terreno fértil. Los celos, la falta de diálogo, la desconfianza mutua y la incapacidad de construir políticas de Estado generan tal vacío, que las organizaciones criminales llenan con rapidez y eficacia. El resultado es este país donde la ciudadanía vive en estado de indefensión. Donde la Policía se siente desmoralizada, los fiscales saturados, los jueces cuestionados y el pueblo abandonado. Donde cada liberación inexplicable envía un mensaje devastador: el crimen paga, el esfuerzo no. Perú necesita una reconstrucción institucional profundísima. Un sistema de seguridad articulado, profesional y meritocrático. Un liderazgo capaz de convocar, ordenar y ejecutar un pacto entre poderes del Estado, que coloque la seguridad ciudadana por encima de cualquier rencilla política. ¡La lucha contra el crimen organizado no admite más improvisaciones! Demanda Estado. Exige instituciones. Requiere liderazgo. ¡Y el tiempo para recuperarlos se sigue agotando!

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