Por fin, el régimen de Keiko Fujimori hizo lo que correspondía: gobernar. Después de dos meses de mendigar facultades extraordinarias ante un Parlamento dominado por el socialismo -que jamás se las iba a conceder-, el Ejecutivo dio el paso que debió dar desde el primer día: activar decretos de urgencia para financiar y ejecutar, ahora mismo, la política pública más apremiante del país: la seguridad ciudadana. No hablamos acá de un gesto político, sino de una obligación constitucional frente a un Estado que enfrenta una amenaza criminal de naturaleza bélica. El anuncio del ministro del Interior, César Astudillo, confirma que el Gobierno ha decidido romper el cepo parlamentario. La Policía Nacional del Perú recibirá S/ 1,300 millones para recuperar su capacidad operativa, diezmada durante una década de regímenes socialistas que vaciaron todo el Estado, destruyeron la meritocracia y permitieron que el crimen organizado........

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