Han pasado veinticuatro años desde la promulgación de la Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783, un hito normativo que buscó reorganizar el Estado peruano y corregir las profundas desigualdades territoriales que han marcado la historia republicana. En su texto, la ley afirma que “la descentralización es un proceso permanente, dinámico e irreversible” (Art. 4), orientado al “desarrollo integral, armónico y sostenible del país” (Art. 3). Sin embargo, el balance histórico revela una brecha significativa entre las aspiraciones normativas y los resultados concretos. La descentralización, lejos de consolidarse como un motor de eficiencia y equidad territorial, ha derivado en un entramado institucional fragmentado, burocrático y vulnerable a la captura política.

En esta entrega presentamos un análisis de la Ley 27783, integrando comparaciones internacionales, y presentando recomendaciones dedicadas a la segunda generación de reformas. El objetivo es ofrecer una visión más completa y rigurosa del proceso de descentralización peruano, sus fallas estructurales y las reformas necesarias para reorientarlo hacia sus objetivos originales.

Veinticuatro años de descentralización: entre la promesa y la realidad

El proceso de descentralización peruano nació con una promesa ambiciosa: democratizar el Estado, redistribuir el poder y corregir las desigualdades territoriales históricas. Sin embargo, la implementación ha estado marcada por contradicciones que han limitado su impacto. La proliferación de estructuras administrativas en los gobiernos regionales y locales ha generado un aparato burocrático que consume recursos sin producir mejoras proporcionales en la calidad de los servicios públicos.

La Ley 27783 establece que la descentralización debe promover “la eficiencia en la gestión pública”, pero los indicadores muestran que la ejecución presupuestal regional rara vez supera el 70% en inversión pública. Esta ineficiencia se traduce en obras paralizadas, proyectos inconclusos y servicios deficientes en sectores clave como salud, educación y transporte. La brecha entre la norma y la práctica evidencia la falta de capacidades técnicas y de planificación en los gobiernos subnacionales.

Comparativamente, países como Colombia han logrado avances significativos en la ejecución territorial gracias al Sistema General de Participaciones, que asigna recursos de manera más predecible y con reglas claras de uso. En Brasil, la coparticipación tributaria permite que los estados cuenten con ingresos propios significativos, lo que fortalece su capacidad de planificación y ejecución. El Perú, en contraste, mantiene un modelo altamente centralizado que limita la autonomía y eficiencia de los gobiernos regionales.

La fragmentación territorial: demasiadas regiones sin criterios técnicos

Uno de los problemas estructurales más graves del proceso de descentralización es la configuración territorial del país. La Ley 27783 señala que la conformación de regiones debe basarse en “áreas geoeconómicas y culturales” (Art. 29), pero en la práctica se replicó la división departamental sin considerar criterios técnicos de viabilidad económica, conectividad o densidad poblacional.

Regiones como Madre de Dios, Tumbes o Pasco enfrentan limitaciones severas para sostener una estructura administrativa compleja, mientras que otras como Cusco o Cajamarca lidian con desafíos de extensión territorial y dispersión poblacional. La falta de integración territorial ha impedido la creación de macrorregiones capaces de generar economías de escala y planificar proyectos estratégicos de gran impacto.

En España, la conformación de comunidades autónomas se basó en criterios históricos y culturales, pero también en la capacidad de gestión y sostenibilidad fiscal. En Chile, el proceso de regionalización ha avanzado hacia la creación de regiones más grandes y funcionales, con gobernadores regionales elegidos y competencias claras. El Perú, en cambio, mantiene una estructura territorial fragmentada que limita la eficiencia y sostenibilidad del proceso de descentralización.

La descentralización fiscal incompleta: regiones sin autonomía financiera

La Ley 27783 establece que la transferencia de competencias debe acompañarse de “recursos financieros, técnicos, materiales y humanos” (Art. 14). Sin embargo, la descentralización fiscal ha sido incompleta y desigual. Los gobiernos regionales dependen casi por completo de las transferencias del gobierno central, lo que limita su autonomía y capacidad de planificación.

La distribución del canon y otros recursos genera desigualdades profundas entre regiones, alimentando tensiones sociales y percepciones de injusticia. La falta de una ley de coparticipación tributaria impide que las regiones desarrollen ingresos propios y accedan a mecanismos de financiamiento responsable para proyectos estratégicos.

En Brasil, la coparticipación tributaria permite que los estados reciban una parte significativa de los impuestos federales, lo que fortalece su autonomía fiscal.........

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