En cada proceso electoral, los candidatos presidenciales despliegan discursos, promesas y documentos extensos que buscan convencer a la ciudadanía de su capacidad de gobernar. Sin embargo, hay un tema que, elección tras elección, permanece relegado a un segundo plano o, peor aún, completamente ausente: la protección y el bienestar animal. Una revisión de los planes de gobierno actuales revela una constante preocupante: los animales no son prioridad. En el mejor de los casos, aparecen mencionados de manera superficial, sin desarrollo técnico, sin estrategia y sin un plan de ejecución claro. No existen políticas públicas estructuradas, ni indicadores, ni presupuestos, ni siquiera una comprensión básica del enfoque moderno del derecho animal. Esta omisión no es menor. Habla de una visión incompleta del país. Un Estado que no incorpora la protección animal en su agenda pública evidencia no solo desinterés, sino también desconocimiento de una materia que hoy forma parte de los estándares de desarrollo, salud pública y convivencia social. Pero lo más preocupante no es solo lo que está escrito, sino lo que ocurre fuera de los documentos. He tenido la oportunidad de sostener conversaciones directas con varios de estos candidatos, y las respuestas que he recibido no solo son insuficientes, sino profundamente reveladoras. Se limitan a señalar que se trata de un tema que “se irá desarrollando durante la gestión”. ¿Cómo es posible sostener semejante postura? ¿Cómo se pretende gobernar sin un plan previamente estructurado en una materia que requiere urgencia, técnica y conocimiento? Improvisar no es planificar. Postergar no es gestionar. Y claramente, eso no es interés por el derecho animal. Más grave aún es la utilización oportunista de los animales en campañas políticas. Videos con mascotas, imágenes emotivas y mensajes vacíos buscan generar empatía en la población, pero no resisten el más mínimo análisis. Detrás de esas escenas no hay políticas reales, ni propuestas viables, ni equipos técnicos especializados. Solo hay improvisación y cálculo electoral. El problema no es únicamente la ausencia del tema, sino la forma en que algunos candidatos lo abordan: con ideas desfasadas, desconectadas de la realidad jurídica y social del país, y completamente inviables sin el respaldo de profesionales especializados. El derecho animal no es un accesorio discursivo; es una disciplina que exige preparación, estrategia y compromiso real.Frente a este escenario, lo que se genera es una sensación clara: impotencia e indignación. La frialdad con la que se aborda —o se ignora— una problemática tan sensible revela una desconexión preocupante con una parte importante de la ciudadanía. Debo ser clara: no he encontrado una excepción. Ninguno de los candidatos con los que he tenido contacto ha demostrado un interés real, serio y estructurado en la materia. Y hay algo que también debe decirse sin rodeos: quien no se interesa por la vida animal, no merece nuestro voto. Porque no se trata solo de una omisión, sino de una forma de engaño hacia quienes sí entendemos que el derecho animal no es una tendencia, sino una responsabilidad jurídica y social. La ciudadanía no necesita más discursos vacíos ni gestos simbólicos. Necesita propuestas concretas, viables y respaldadas por especialistas. Todo lo demás es, simplemente, una puesta en escena. Y esa puesta en escena, hoy, es evidente.

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