El 18 de febrero, en el marco de la campaña presidencial del aprismo, visité Talara y me reuní con organizaciones sociales, entre ellas sindicatos de pescadores artesanales, gremios de pescadores artesanales y sindicatos de Petroperú de la Refinería de Talara. Hemos estudiado profundamente el tema de Petroperú y entendemos que hay dos asuntos fundamentales que deben sopesarse. El primero, que no debe convertirse en un desangre permanente para el Estado. Y el segundo, que el sector energético es un componente estratégico para la estabilidad económica y la soberanía nacional. Petroperú abastece cerca de un tercio del mercado interno y cumple una función estabilizadora en los precios de los combustibles. El diferencial frente a otros operadores representa un ahorro anual significativo para los consumidores. Su salida del mercado implicaría mayor concentración privada, menor competencia efectiva y presión directa sobre el costo de transporte, alimentos y producción industrial. El debate no puede reducirse a privatizar o quebrar. Hasta 2015 la empresa no era estructuralmente deficitaria. El deterioro se explica por decisiones de inversión mal gestionadas y, sobre todo, por la intervención política en su directorio. Por ello proponemos una reforma profunda de gobernanza corporativa: selección meritocrática de directores, evaluación técnica independiente, metas de desempeño y blindaje frente a cuotas partidarias. Una empresa estratégica no puede depender de designaciones improvisadas ni de cálculos coyunturales. Desde el punto de vista fiscal, la privatización tampoco es una solución automática. El Estado tendría que asumir pasivos financieros relevantes y obligaciones contingentes, mientras perdería activos estratégicos como la Refinería de Talara y la red logística nacional. Además, en regiones donde Petroperú concentra gran parte del suministro —como la Amazonía y zonas rurales— sería necesario otorgar subsidios si el mercado privado no encuentra rentabilidad, trasladando finalmente el costo al propio Estado. La paralización total incrementaría la dependencia de importaciones, presionaría la balanza comercial, afectaría la disponibilidad de divisas y elevaría la vulnerabilidad externa. No se trata solo de una empresa pública, sino de una pieza central en la cadena productiva y energética del país. Hemos iniciado un diálogo técnico con los sindicatos de Talara y recogido propuestas concretas de eficiencia: reducción de estructuras administrativas, optimización logística, revisión de contratos y mejoras en productividad laboral. Impulsaremos un programa de rentabilidad operativa y tomaremos como referencia el modelo del Lote 10, donde conviven capital privado y participación estatal bajo reglas claras, compartiendo riesgos y beneficios. Finalmente, la reforma de Petroperú debe acompañarse de una reforma integral de PerúPetro para destrabar inversiones y modernizar la gestión del sector. La posición del APRA es clara: el Estado cumple un rol estratégico en energía, con eficiencia y responsabilidad fiscal. Defendemos soberanía con disciplina técnica, no ineficiencia o captura política. Petroperú no se vende; se profesionaliza y se orienta al desarrollo nacional sostenible.

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