La crisis desatada por la negligente actuación de la ONPE ha agravado la desconfianza ciudadana en las autoridades electorales y sobre todo su incapacidad de garantizar elecciones legítimas. Las consecuencias de la ineptitud han sido muy graves y muy evidentes. Mesas de votación instaladas con horas de retraso, centros de votación cerrados, cambio de imprenta, cédulas en braille que inducían el voto de manera explícita a candidatos y lo peor, la mentira a nivel nacional para tratar de minimizar la gravedad de extraviar material electoral, pruebas más que suficientes para acreditar no solamente que, falló la cadena de custodia sino que vulneraron de forma flagrante el principio de transparencia y legalidad que rige el proceso electoral. La doctrina ha definido el fraude electoral como todo acto que tiene como objetivo deslegitimar........

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