Durante las últimas décadas, el Perú fue considerado un caso de disciplina fiscal en la región. Más allá del marco normativo, la evidencia sugiere que la  política fiscal operó, en la práctica, de manera prudente a lo largo del ciclo económico, evitando amplificar sus fluctuaciones. Esta conducta permitió amortiguar shocks externos, reducir la volatilidad macroeconómica y consolidar una trayectoria de deuda sostenible. En buena medida, esta disciplina fue uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica que distinguió al país. Ese equilibrio, sin embargo, ha comenzado a deteriorarse. De hecho, el Consejo Fiscal viene advirtiendo cómo en los últimos años se ha dado una proliferación de normas con impacto fiscal adverso, muchas de ellas aprobadas sin una fuente clara de financiamiento o en contra de las recomendaciones técnicas del MEF. El problema no es solo la cantidad —ya significativa—, sino la naturaleza de estas medidas: compromisos de gasto permanentes, beneficios tributarios que erosionan la base fiscal y decisiones que introducen rigideces crecientes en el presupuesto público. Este tipo de dinámicas no solo tiene implicancias presupuestarias, sino también macroeconómicas. En la medida en que el gasto público se vuelve más rígido y menos sensible al ciclo, aumenta el riesgo de que la política fiscal deje de cumplir su rol estabilizador y, por el contrario, amplifique las fluctuaciones económicas. Asimismo, la acumulación de compromisos permanentes reduce el margen para reasignar recursos hacia prioridades más urgentes y limita la capacidad de reacción ante episodios de desaceleración o shocks externos, especialmente en una economía pequeña y abierta como la peruana. Este fenómeno no responde a un desorden puntual, sino a un cambio en los incentivos institucionales. El uso frecuente del mecanismo de insistencia por parte del Congreso, la limitada reacción del Ejecutivo y ciertas interpretaciones recientes del Tribunal Constitucional sobre los alcances de la iniciativa de gasto han debilitado los mecanismos que históricamente contenían la expansión fiscal. En esta línea, en Agenda 2026 de la Universidad del Pacífico, Marco Ortiz y Diego Winkelried destacan que, entre 2016 y 2025, el Consejo Fiscal emitió numerosas advertencias, pero pocas de sus observaciones fueron recogidas por el Ejecutivo, lo que evidencia un progresivo debilitamiento del marco fiscal. En este contexto, el problema fiscal del Perú ha dejado de ser principalmente técnico para convertirse en un problema institucional. Las implicancias de este cambio no son menores. Un entorno de mayor rigidez del gasto y menor disciplina fiscal reduce el espacio para responder ante choques externos, eleva la vulnerabilidad de las cuentas públicas y puede traducirse en mayores costos de financiamiento para el Estado. En un contexto internacional aún incierto, perder margen de maniobra fiscal implica también limitar la capacidad del próximo gobierno para estabilizar la economía y sostener el crecimiento. El nuevo gobierno tendrá que enfrentar este escenario y determinar si el país será capaz de preservar la disciplina fiscal que sustentó su crecimiento en las últimas décadas. Ello requerirá no solo voluntad política, sino también una recomposición de los equilibrios institucionales que permita restablecer reglas claras, creíbles y sostenibles en el tiempo.

Por Luis Eduardo Falen

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