El Perú se enfrenta hoy a un abismo financiero de 2,700 millones de dólares. Esa es la factura que el fondo canadiense Brookfield pretende cobrar ante el CIADI por la concesión de Rutas de Lima. Sin embargo, detrás de las frías cifras del arbitraje internacional, se esconde una de las injusticias económicas más graves de nuestra historia reciente: el uso de tratados bilaterales de inversión para intentar validar contratos nacidos del soborno y que, mediante una protección legal supranacional, blindan un esquema de corrupción frente a la justicia local. Este conflicto no es solo un pleito legal; es una falla sistémica de diseño. El error técnico fundamental reside en haber concesionado una arteria vital de la trama urbana, como la Panamericana Norte en Puente Piedra, sin vías alternas efectivas. A diferencia de los ejes del sur, donde la existencia de rutas alternativas permite que el peaje funcione como un pago por un servicio de eficiencia, en el norte se transforma en un “impuesto al movimiento” y un monopolio coercitivo sobre una demanda cautiva. Estamos ante un escenario de riesgo moral —moral hazard—, según el cual la falta de ética surge cuando una de las partes toma riesgos excesivos porque sabe que las consecuencias negativas las pagará otro. Este fenómeno se alimenta de una asimetría de información crítica: Brookfield no obtuvo la concesión mediante una licitación pública con el Estado, sino que adquirió el activo directamente de Odebrecht en 2016. Si en esa transacción el fondo canadiense detectó los rastros de la corrupción y decidió ocultar esa información para asegurar el negocio, fue la empresa quien operó bajo un esquema desleal frente al Estado peruano. Validar hoy este contrato es premiar a un privado que, conociendo el vicio de origen, pretende que el contribuyente sea el “pagador de última instancia” en un arbitraje internacional. Aunque el cobro en el peaje de Chillón está suspendido, el contrato vigente hoy mismo asfixia la estabilidad de la capital. La reciente noticia de que Rutas de Lima ha entrado en default por una deuda de 500 millones de dólares confirma que el modelo financiero ha colapsado. Este deterioro genera una contingencia fiscal masiva para la Municipalidad de Lima y pone en riesgo la operatividad de las vías. Mientras no se logre una nulidad definitiva, la incertidumbre detiene la planificación urbana y el mantenimiento esencial, lastrando la competitividad de la ciudad. El origen de este contrato es sombrío: los 10 millones de dólares que Susana Villarán admitió gestionar para su permanencia en el cargo. Por ello, la estrategia de involucrar a la SEC —Security Exchange Commission— es crucial. Se busca determinar si la empresa omitió informar sobre el origen ilícito del activo adquirido a la constructora brasileña, vulnerando leyes federales de transparencia de los Estados Unidos. Lo que está en juego es la recuperación de la gestión local. Se concesionó una función que compete exclusivamente a la planificación de la ciudad, subordinando el bienestar de los vecinos a un flujo de caja privado. El Perú no puede estar sometido a un modelo que pretende usar el arbitraje internacional para proteger rentas indebidas. Validar esta cifra representaría un asalto al 1.2 % del PBI nacional, que debería destinarse a inversión pública, no a premiar la arquitectura de la corrupción de Odebrecht y sus herederos.

Por Lourdes Coll Calderón

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