La universidad pública en el Perú no es un fenómeno reciente ni una invención contemporánea del Estado. Instituciones como San Marcos son públicas desde el siglo XIX; sin embargo, respondían a un modelo todavía elitista, con acceso restringido y distante de las grandes mayorías. Es recién a lo largo del siglo XX cuando la universidad pública adquiere un nuevo sentido: convertirse en un mecanismo de inclusión para sectores históricamente excluidos del sistema educativo y del conocimiento (UNCP, UNFV, UNI, UNALM, etc.). Esa transformación no fue espontánea. Fue el resultado de procesos sociales impulsados por estudiantes, trabajadores y comunidades que entendieron la educación como una herramienta de movilidad y participación. La expansión de la universidad pública, en ese contexto, tuvo una lógica clara: ampliar el acceso. Sin embargo, hoy ese proyecto enfrenta una tensión evidente entre su debilitamiento estructural y una expansión que no necesariamente resuelve sus problemas de fondo. El crecimiento de la educación privada es, en parte, consecuencia de ese debilitamiento. Durante años, el Estado no ha logrado garantizar cobertura suficiente, infraestructura adecuada ni procesos de admisión capaces de absorber la demanda creciente. El sector privado ocupó ese vacío, ofreciendo acceso inmediato, aunque muchas veces condicionado por el costo y con estándares de calidad heterogéneos. Pero la crisis no es solo de cobertura; es también de posicionamiento. La universidad pública, que durante décadas fue sinónimo de prestigio, rigor académico y movilidad social, ha ido perdiendo terreno frente a instituciones privadas más ágiles, con ofertas flexibles y orientadas al mercado laboral. La competencia ya no es únicamente por vacantes, sino por legitimidad. Frente a ello, la respuesta  política ha sido, en muchos casos, la creación de nuevas universidades públicas. A primera vista, esta medida parece coherente con la necesidad histórica de ampliar el acceso. Sin embargo, en la práctica, revela una contradicción: se incrementa la cantidad de instituciones sin fortalecer las condiciones que garantizan su calidad. La creación de universidades por ley, sin planificación técnica ni respaldo presupuestal sólido, responde con frecuencia a incentivos políticos más que a una estrategia educativa integral. La universidad se convierte así en un símbolo de presencia estatal y en un recurso de legitimación, más que en una institución diseñada para formar profesionales y producir conocimiento. Se atiende la demanda, pero no se resuelve el problema. Esto genera efectos contraproducentes. La fragmentación de recursos debilita a las universidades existentes, mientras que las nuevas instituciones nacen con limitaciones estructurales: falta de infraestructura, escasez de docentes y baja capacidad de investigación. El resultado es un sistema más amplio, pero no necesariamente más sólido. La universidad pública requiere inversión sostenida, planificación y una articulación clara con las necesidades del país. Sin ello, ampliar el sistema puede terminar institucionalizando su precariedad.

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