Cada cierto tiempo vuelve el mismo debate sobre Lima: cómo combatir la informalidad. Se anuncian más operativos, más fiscalización y más sanciones contra ambulantes o pequeños negocios. Pero la realidad es que, mientras se discute cómo perseguir la informalidad, nadie está resolviendo el problema de fondo: la falta de empleo productivo. La informalidad no es el problema principal de Lima. Es la consecuencia de una economía que no genera suficientes oportunidades para millones de personas. Todos los días miles de limeños inventan su propio trabajo para sobrevivir. Venden comida, cosen prendas, arreglan artefactos, transportan productos o prestan pequeños servicios. No lo hacen para burlar la ley. Lo hacen porque el sistema económico formal no les ha abierto las puertas. Pero en medio de esa realidad existe una fuerza social extraordinaria que el país no ha sabido aprovechar. En los cerros y barrios populares de Lima funcionan miles de organizaciones comunitarias: comedores populares, ollas comunes, comités del vaso de leche y clubes de madres. Estas organizaciones, lideradas en su mayoría por mujeres, han demostrado durante décadas una impresionante capacidad de organización, solidaridad y trabajo colectivo. Gracias a ellas, millones de familias han podido enfrentar las crisis económicas más duras. Sin embargo, el Estado siempre las ha visto únicamente como organizaciones asistenciales. Es hora de cambiar esa mirada. Así como el Perú desarrolló en las últimas décadas una revolución productiva en el campo que nos permitió convertirnos en una potencia agroexportadora, Lima necesita ahora una Revolución Productiva Urbana. La propuesta es simple, pero poderosa: convertir la organización social de los barrios en organización productiva. Miles de comedores populares y clubes de madres podrían evolucionar hacia cooperativas dedicadas a la preparación de alimentos, panadería, confecciones, producción de alimentos procesados o servicios comunitarios. Muchas de estas actividades ya existen de manera informal y dispersa. Con capacitación, tecnología básica y acceso a mercados, podrían transformarse en verdaderas unidades económicas que generen ingresos estables para miles de familias. Un segundo elemento clave es el acceso al mercado. El Estado peruano compra cada año enormes volúmenes de alimentos y servicios para colegios, hospitales y programas sociales. Una parte de esas compras debería orientarse hacia cooperativas productivas organizadas en los barrios populares. De esta manera, el Estado no solo asistiría a las comunidades más vulnerables, sino que también impulsaría su desarrollo productivo. Finalmente, Lima necesita centros productivos barriales en las zonas altas de la ciudad: espacios con cocinas industriales, talleres de confección, capacitación técnica y apoyo para la comercialización. Esto permitiría generar empleo cerca del hogar, especialmente para miles de mujeres que hoy sostienen a sus familias en condiciones muy difíciles. Durante años se ha repetido que el problema de Lima es la informalidad. Pero la informalidad no se combate con más inspectores ni con más multas. Se combate creando oportunidades. El día en que miles de mujeres organizadas en los barrios populares pasen de sobrevivir a producir, Lima habrá iniciado su verdadera Revolución Productiva Urbana.

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