Las evidentes irregularidades en el proceso electoral de 2026 demuestran que no estamos frente a un simple debate técnico, sino ante una decisión que definirá si el Perú sigue siendo una democracia donde la voluntad popular se respeta, o si permitimos que la desconfianza se instale como norma. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no solo tiene una función administrativa, sino, sobre todo, constitucional. El artículo 178, inciso 1, de la Constitución le faculta a fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y, ante tantos cuestionamientos sobre cómo la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha llevado a cabo este proceso electoral, esta ya no es una atribución opcional: es un deber. Es necesaria una auditoría integral al conteo de........

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